Hay que hacer un esfuerzo considerable para convertir a los saharauis en una amenaza para España. Pero parece que ya hemos llegado ahí. Después de medio siglo esperando que el Estado español asuma alguna de las consecuencias de su abandono del Sáhara Occidental, ahora resulta que el problema puede ser que demasiados saharauis recuperen un vínculo jurídico con España y, horror, algún día puedan votar.

Carlos Cristóbal – Coordinador del Equipo «NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL»

Vox ha pedido al Partido Popular que utilice su mayoría absoluta en el Senado para frenar la ley de nacionalidad saharaui aprobada la semana pasada por el Congreso. Su portavoz, Pepa Millán, acusa al PSOE de haber cambiado de posición por «interés electoral» y reprocha al PP que se abstuviera mientras anuncia que quiere endurecer las condiciones para obtener la nacionalidad española. José Antonio Fúster ha añadido que «la nacionalidad española no es una medalla, no es una indemnización» y ha vuelto a colocar esta iniciativa junto a otras políticas de nacionalidad que Vox viene denunciando.

Hasta ahí, política. Vox votó contra la ley y tiene todo el derecho a combatirla. Lo que me preocupa es el relato que se está construyendo alrededor de los saharauis. Una cifra estimada de posibles beneficiarios empieza a circular como si fueran decenas de miles de nacionalidades ya concedidas. Inmediatamente aparece el derecho al voto. Después se mezcla esta ley con la llamada Ley de Nietos, las regularizaciones y el discurso habitual sobre la inmigración. Solo falta sumar todos los números y anunciar otra invasión de España, esta vez protagonizada por personas que tienen la incómoda particularidad de proceder de un territorio que fue administrado por España.

Porque los saharauis no acaban de llegar. España estuvo en el Sáhara Occidental casi un siglo. Allí censó a la población, expidió documentación española, abrió escuelas, hospitales y registros, incorporó saharauis a su administración y a sus fuerzas militares y convirtió el territorio en provincia antes de abandonarlo en 1975 sin culminar su descolonización. Los mayores que hoy podrían acogerse a la carta de naturaleza prevista en la ley son precisamente personas nacidas bajo aquella administración española. Presentarlas medio siglo después como una nueva masa de extranjeros a la que alguien pretende «regalar» la nacionalidad exige borrar primero una parte bastante grande de nuestra propia historia.

Tampoco es verdad que el Congreso haya nacionalizado de golpe a decenas de miles de saharauis. Ha aprobado una ley y la ha enviado al Senado. Si finalmente culmina su tramitación y entra en vigor, quienes quieran acogerse a ella tendrán que solicitarlo, acreditar que cumplen los requisitos y aportar la documentación correspondiente. Habrá expedientes individuales y habrá resoluciones. Ni existe una nacionalización automática ni sabemos hoy cuántas personas acabarán obteniéndola. Convertir una estimación de potenciales beneficiarios en una bolsa cerrada de futuros electores es una manera muy eficaz de fabricar alarma, pero no de explicar una ley.

Y llegamos al voto. Naturalmente, quien adquiera la nacionalidad española tendrá los derechos de cualquier ciudadano español, incluido el derecho a votar. Lo verdaderamente extraño sería lo contrario. Pero de ahí a sostener que el PSOE respalda ahora la ley para fabricar electores hay un trecho que no puede recorrerse únicamente con sospechas. Habría que asumir, además, que esos futuros ciudadanos saharauis votarían todos, que votarían igual y que elegirían precisamente al partido al que Vox atribuye la maniobra. Hasta para construir esta teoría habría que negar a los saharauis algo tan elemental como la libertad de pensar y votar como les dé la gana.

Y no seré yo quien tenga que defender al PSOE en la cuestión saharaui. Hace años devolví mi carné y me di de baja del partido precisamente porque mi defensa del pueblo saharaui chocaba con una política que no estaba dispuesto a asumir. Su giro de marzo de 2022 y su posición posterior sobre el Sáhara Occidental no hicieron sino confirmar razones para una crítica que viene de mucho antes. También es cierto que el PSOE se opuso anteriormente a esta iniciativa y que su apoyo llegó después. Esa evolución política puede y debe analizarse. Otra cosa es transformar sin pruebas ese cambio en una operación destinada a llenar las urnas de nuevos votantes agradecidos.

La nacionalidad tampoco paga la deuda española con el pueblo saharaui. No devuelve el territorio abandonado, no sustituye la autodeterminación y no resuelve una descolonización que continúa pendiente. Un saharaui que obtenga un pasaporte español no deja de ser saharaui, del mismo modo que reconocer un derecho individual no hace desaparecer los derechos colectivos de su pueblo. Confundir ambas cosas interesa precisamente a quienes quieren reducir el Sáhara Occidental a un problema de pasaportes, refugiados o inmigración.

Quizá por eso me indigna especialmente esta nueva alarma. Durante cincuenta años España ha sido capaz de convivir con las consecuencias de lo que dejó atrás en el Sáhara Occidental. Ahora que el Congreso da un paso —parcial, insuficiente si se quiere, pero importante— para reparar una parte de aquella relación, resulta que algunos descubren un nuevo peligro: que aquellos saharauis a los que España documentó y administró puedan recuperar un vínculo jurídico con nuestro país y convertirse en ciudadanos con derechos.

Los saharauis no son una invasión. No son una bolsa de votos. No son una prolongación de la Ley de Nietos ni una cifra que sumar a cualquier estadística destinada a provocar miedo. Son el pueblo del territorio que España dejó sin descolonizar. Vox puede votar contra la ley y el PP podrá intentar modificarla o bloquearla en el Senado. Eso es democracia. Pero si vamos a discutir sobre la nacionalidad de los saharauis, discutamos también sobre la historia que explica por qué estamos hablando de ella cincuenta años después.

Porque antes de preguntarnos cómo podrían votar mañana algunos saharauis, quizá convendría recordar por qué España tiene todavía hoy una deuda con ellos.