La XXIX Conferencia de los Intergrupos parlamentarios “Paz y Libertad para el Pueblo del Sáhara Occidental”, celebrada en la sede del Parlamento de Navarra, ha concluido con la aprobación de la denominada “Declaración de Navarra”, un texto que renueva el compromiso institucional con el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, en el marco del Derecho Internacional.

En un momento de fuerte presión geopolítica y de tentativas para consolidar soluciones alejadas del referéndum de autodeterminación, la declaración actúa como recordatorio de que el estatuto jurídico del territorio no ha cambiado y que el proceso sigue siendo, ante todo, una cuestión de descolonización pendiente.

Reafirmación del marco jurídico

El texto aprobado reitera el desacuerdo con el cambio de posición del Gobierno de España respecto al Sáhara Occidental y reafirma el reconocimiento del Frente Polisario como único y legítimo representante del pueblo saharaui.

Asimismo, denuncia la ilegalidad de la presencia marroquí en el territorio y exige el cese de la ocupación, recordando que el Sáhara Occidental mantiene su condición de Territorio No Autónomo sometido al Derecho Internacional. La declaración alude también a la consideración de España como potencia administradora de iure, conforme a resoluciones judiciales, subrayando que la responsabilidad jurídica no desapareció con la retirada de 1975.

Proceso político y derechos humanos

La “Declaración de Navarra” respalda el proceso político liderado por Naciones Unidas y reclama una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que garantice la autodeterminación. En este sentido, insta a que la misión de la ONU para el referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO, amplíe su mandato para incluir la vigilancia, promoción y protección de los derechos humanos.

Además, solicita al Consejo de Derechos Humanos el nombramiento de un Relator específico para el Sáhara Occidental, una demanda sostenida desde hace años ante la ausencia de un mecanismo permanente de supervisión independiente.

En materia de derechos humanos, se exige la liberación inmediata de los presos políticos saharauis —entre ellos los del grupo de Gdeim Izik— y el fin de las vulneraciones sistemáticas en los territorios ocupados. La Conferencia se compromete igualmente a continuar en 2026 las misiones parlamentarias de observación.

Recursos naturales y cooperación

El documento rechaza cualquier acuerdo económico o comercial que menoscabe el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y denuncia el expolio de los recursos naturales del territorio. Insiste en que cualquier negociación que afecte al Sáhara Occidental debe realizarse directamente con el Frente Polisario, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La declaración destaca también la relevancia de la cooperación internacional y el apoyo humanitario a la población refugiada en los campamentos de Tinduf, así como a la ciudadanía saharaui en los territorios ocupados, emplazando a las instituciones españolas a incrementar la ayuda y avanzar en el reconocimiento diplomático del Frente Polisario.

Se pone en valor el papel de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y el trabajo constante de entidades solidarias, así como el impacto de programas como “Vacaciones en Paz” o “Proyecto Madrasa”.

Más allá de la declaración: el contexto internacional

Esta declaración se produce en un escenario internacional marcado por movimientos diplomáticos que buscan reconfigurar el marco de negociación y por presiones orientadas a consolidar el plan de autonomía marroquí como “única solución realista”. Sin embargo, ninguna maniobra coyuntural altera el hecho central: el Sáhara Occidental sigue inscrito en la agenda de descolonización de Naciones Unidas y el derecho de autodeterminación no ha sido ejercido.

En ese contexto, el posicionamiento de diez parlamentos autonómicos españoles no es un gesto simbólico menor. Representa la persistencia de un anclaje institucional al Derecho Internacional en un momento en que la política de hechos consumados intenta imponerse como norma.

La “Declaración de Navarra” no resuelve el conflicto. Pero sí fija una línea clara: la legalidad internacional no puede sustituirse por acuerdos de conveniencia ni por equilibrios geopolíticos. Mientras el pueblo saharaui no pueda decidir libremente su futuro, la cuestión seguirá abierta.

Y eso, más allá de coyunturas y presiones, continúa siendo un principio jurídico antes que una opción política.

PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»