La ley vuelve a poner a Sánchez contra la pared con una nueva resolución que le exige cumplir de «forma inmediata» las órdenes ejecutivas dictadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, máxima Autoridad Administrativa Independiente, que ya le remitió el pasado 30 de marzo otra obligándole a entregar a El Debate el original de la supuesta carta remitida desde la Moncloa a Mohamed VI y difundida, extrañamente, desde Marruecos.

En esa misiva, que se difundió sólo días después en una versión traducida al español filtrada al diario El País, Sánchez renunciaba a 50 años de posición española en el Sáhara y se sometía a las exigencias de Rabat, que vio en ella una victoria sin precedentes.

Lo curioso es que el original de la carta nunca se hizo público, salvo en esas versiones difundidas desde fuera del Gobierno. Hasta ahora, que por dos veces el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha fallado en favor del derecho de El Debate a obtener, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, el original del documento que de facto ha supuesto una entrega a Marruecos de la autoridad oficiosa en la antigua colonia española.

El Ejecutivo de Sánchez desoyó la primera resolución con número de serie R-0779-2022/100-007320 y superó, el pasado lunes 17 de abril, el plazo máximo de diez días para cumplir con las instrucciones, bien elocuentes:

Entregar «copia del original de la carta remitida en francés tal cual fue enviada y fecha de la remisión. Copia de la transcripción realizada al español de la misma. Copia del documento por el cual se produjo la remisión de dicha carta al periódico El País y fecha en la que se produjo».

Con Sánchez ya en fase de desacato, Transparencia ha vuelto a dar amparo a este periódico con otro «fallo», con número 1150/2023, en el que se le exige al Gobierno por segunda vez que cumpla la resolución legal «de forma inmediata».