Madrid (España) 20 de noviembre de 2024 (SPS)- Desde el propio Congreso de los Diputados de España, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG ) exigió la aplicación inmediata de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), anunció que el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos es ilegal porque contiene productos de las zonas ocupadas el Sáhara Occidental. Andrés Góngora, responsable del sector hortofrutícola de COAG, ha afirmado que la aplicación de la sentencia debe ser inmediata, sin periodos de gracia de 12 meses.
En una jornada organizada por grupos parlamentarios para abordar el alcance de la sentencia del TJUE y la ilegalizarais explotación de los recursos naturales del pueblo saharaui, Góngora denunció la situación en la que los agricultores españoles se enfrentan a una competencia desleal por una falta de respeto al derecho Internacional. Según COAG, mientras los productores europeos pierden rentabilidad, Marruecos, con el respaldo de la UE y del Gobierno español, sigue desarrollando iniciativas como la “megalópolis del tomate” en la ciudad ocupada de Dajla, que pretende alcanzar 5.000 hectáreas de producción hortícola en el Sáhara Occidental para 2030 bajo el plan «Generation Green».
«La UE no puede apoyar este acuerdo sólo para apoyar a las empresas multinacionales mientras los agricultores europeos siguen desapareciendo», subrayó. Góngora. La exigencia de COAG se produce en el contexto de la histórica sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 4 de octubre. La decisión anuló el acuerdo de liberalización comercial entre la UE y Marruecos, argumentando que violaba los principios de autodeterminación del pueblo saharaui porque incluía productos del Sáhara Occidental sin el consentimiento legítimo del pueblo del Sáhara Occidental, representando por el Frente POLISARIO.
COAG también condena el fraude contra los consumidores europeos causado por la falta de transparencia en el etiquetado de los productos del Sáhara Occidental. Las regulaciones europeas exigen que los productos agrícolas estén etiquetados con su país de origen, pero en muchos casos figuran como originarios de Marruecos sin que se etiquete el país de origen real.
Góngora dijo: «Esto fue un fraude deliberado que perjudicó los intereses de los consumidores y productores europeos». Además, un informe preparado por Mundubat y COAG reveló cómo el proyecto agrícola de Dajala de explotación de los recursos del Sáhara Occidental viola principios básicos y margina a la población autóctona del territorio en favor de intereses comerciales asociados con Mohammed VI y la élite política del régimen de ocupación . COAG pide al gobierno español que presione a la UE para cancelar inmediatamente el acuerdo y reforzar los controles sobre las importaciones agrícolas.
La conferencia, celebrada en el Congreso de los Diputados, también contó con la participación de juristas y representantes saharauis, quienes resaltaron el impacto de la sentencia en la lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui. Este encuentro supone un paso más en la visibilización de los efectos del expolio en el Sáhara Occidental y en el impulso de acciones políticas que garanticen el cumplimiento del fallo judicial y el respeto a los derechos humanos.