Por Kamal Fadel, Representante del Frente POLISARIO en Australia y Nueva Zelanda
Publicado originalmente en el diario argelino Al-Khabar, el domingo 26 de octubre de 2025.
En este artículo, el diplomático saharaui Kamal Fadel critica duramente los intentos de algunos países, encabezados por Estados Unidos, de presionar al Consejo de Seguridad para que imponga la “iniciativa de autonomía” de Marruecos como única solución a la cuestión del Sáhara Occidental. Fadel considera que tal maniobra constituye una flagrante violación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y un ataque a la esencia misma de la Carta de las Naciones Unidas.
El texto subraya que el Consejo de Seguridad no tiene autoridad para invalidar el derecho internacional ni redefinir el concepto de descolonización, y que imponer el autogobierno equivaldría a legitimar la ocupación y premiar la agresión. A través de precedentes históricos —Namibia, Timor Oriental o Eritrea— el autor recuerda que la legitimidad internacional se basa en la libre elección de los pueblos, no en fórmulas impuestas. Cierra advirtiendo que limitar las negociaciones al marco de la “autonomía bajo soberanía marroquí” no sería una solución política, sino una rendición encubierta que destruiría la credibilidad del Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se encuentra hoy ante una prueba decisiva de credibilidad y coherencia con los principios fundacionales de la Organización. En los últimos días, algunas potencias influyentes —encabezadas por Estados Unidos— han intentado presionar para que el Consejo adopte un nuevo enfoque sobre la cuestión del Sáhara Occidental, basado en la llamada «iniciativa marroquí de autonomía» presentada en 2007. Esta maniobra pretende imponerla como la única base posible para una solución política, en flagrante violación del derecho internacional y del principio de autodeterminación del pueblo saharaui.
El problema no reside únicamente en el contenido de la iniciativa, sino en la naturaleza del intento en sí: se trata de sustituir un proceso de descolonización reconocido por la Carta de las Naciones Unidas por una fórmula de administración interna bajo soberanía de la potencia ocupante. Tal intento no solo contradice la letra y el espíritu de las resoluciones de la ONU, sino que también constituye una peligrosa desviación respecto al mandato del Consejo, cuyo deber es garantizar la aplicación del derecho, no reinterpretarlo según los intereses de los poderosos.
La descolonización del Sáhara Occidental, como ha confirmado la Corte Internacional de Justicia desde 1975, se basa en el reconocimiento del derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su destino. Ningún Estado ni institución internacional tiene autoridad para anular ese derecho o redefinirlo en función de circunstancias políticas o presiones coyunturales. El Consejo de Seguridad no está facultado para otorgar soberanía ni para sustituir la voluntad de un pueblo colonizado por las ambiciones de una potencia ocupante.
En la práctica, imponer la “autonomía bajo soberanía marroquí” equivaldría a legitimar la ocupación militar y premiar la agresión. El lenguaje diplomático no puede enmascarar esta realidad. Llamar “solución política realista” a una propuesta que niega la libertad del pueblo saharaui no es más que una forma elegante de consagrar la injusticia. Es, en términos jurídicos y morales, pedirle a un pueblo que elija la forma de la horca.
La historia de las Naciones Unidas ofrece numerosos ejemplos que demuestran la falsedad de este enfoque. En Namibia, Timor Oriental, Eritrea y otros territorios, la comunidad internacional no consideró el “autogobierno” impuesto por la potencia colonial como una solución, sino como una prolongación de la ocupación. Solo cuando se garantizó la libre expresión de la voluntad popular —mediante un referéndum supervisado por la ONU— se pudo hablar de una solución definitiva, legítima y duradera.
El caso saharaui no es diferente. Es un proceso de descolonización inconcluso, reconocido como tal por la Asamblea General, y el único camino hacia la paz pasa por permitir al pueblo saharaui ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación e independencia. Cualquier intento de sustituir este principio por una fórmula impuesta fuera de la legalidad internacional no conducirá a la estabilidad, sino al estancamiento y a un mayor deterioro de la credibilidad del sistema multilateral.
Resulta especialmente grave que algunos miembros del Consejo de Seguridad intenten reinterpretar las resoluciones anteriores introduciendo términos ambiguos como “solución política realista y duradera”, expresión que, en su uso actual, sirve para justificar la posición marroquí y marginar el principio jurídico fundamental de la autodeterminación. Esta tendencia, que comenzó hace años con la influencia de Francia y se ha reforzado con la complacencia de Estados Unidos, amenaza con transformar al Consejo de guardián de la legitimidad en cómplice de su violación.
El derecho internacional no es un menú del que se pueda elegir lo que conviene y desechar lo que incomoda. Si se acepta que un proceso de ocupación puede regularse mediante una “autonomía” impuesta, entonces ningún pueblo colonizado podrá volver a reclamar justicia. De aceptarse ese precedente, la propia Carta de las Naciones Unidas perdería su razón de ser.
Las instituciones internacionales solo conservan autoridad cuando actúan conforme a los principios que las fundaron. Si el Consejo de Seguridad decide adoptar una resolución que ignore la naturaleza colonial del conflicto y excluya la autodeterminación, estará renunciando a su papel de garante del derecho para convertirse en instrumento de los hechos consumados. Sería una rendición moral y jurídica ante la política de la fuerza.
En definitiva, el pueblo saharaui no pide privilegios ni favores. Reclama lo mismo que los pueblos de Namibia, Timor Oriental o Palestina: el respeto a su derecho a existir libremente y a decidir su futuro sin imposiciones. Cualquier solución que pretenda sustituir este principio es una trampa disfrazada de paz, una paz de cementerios.
Por ello, la pregunta que se plantea hoy a la comunidad internacional no es técnica ni diplomática, sino ética:
¿Puede pedirse a un pueblo colonizado que elija la forma de la horca? La respuesta, si el derecho internacional aún significa algo, solo puede ser NO.
PLATAFORMA «No te olvides del Sahara Occidental»