El informe anual de CODESA pide a la ONU y otras organizaciones internacionales que tomen medidas inmediatas para poner fin a la ocupación en el Sáhara Occidental
Redacción
Bruselas (ECS). – El Colectivo de Defensores de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA) publicó el pasado jueves 28 de julio su primer informe anual titulado “Continuos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por parte de la ocupación marroquí contra civiles saharauis. ¿Qué futuro espera el proceso de descolonización en el Sáhara Occidental?”
Según Mahjoub Maliha, jefe del departamento de relaciones exteriores de CODESA, el informe refleja “la gravedad y la magnitud de las violaciones cometidas por las fuerzas de ocupación marroquíes contra la población civil saharaui”. El informe documenta violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos en el territorio ocupado en el período comprendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2021.
Marruecos ocupó ilegalmente el Sáhara Occidental después de que España retirara su control colonial del territorio en 1975. La Misión de las Naciones Unidas para la Organización del Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) fue creada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas después de que la ONU mediara en un alto el fuego entre el Frente Polisario, que lucha por la liberación del Sáhara Occidental, y las fuerzas marroquíes en septiembre de 1991. La MINURSO tiene el mandato de supervisar el alto el fuego y preparar el terreno para un referéndum en el Sáhara Occidental para decidir su estatus.
El informe de CODESA afirma que desde que Marruecos violó el acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2020, la represión y las violaciones de DD.HH dentro de las ciudades del Sáhara Occidental ha aumentado drásticamente. Esto subraya el fracaso de la comunidad internacional y la ONU para tomar medidas efectivas para “completar el proceso de descolonización prometido desde 1991 sobre la base del derecho a la libre determinación consagrado en el derecho internacional”.
Crímenes marroquíes contra el pueblo saharaui
Según el informe, Marruecos llevó a cabo al menos 20 ejecuciones extrajudiciales y arrestó ilegalmente a al menos 121 ciudadanos saharauis en el período comprendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2021. Varios ataques llevados a cabo por las fuerzas de ocupación en diferentes partes del Sáhara Occidental ocupado en el mismo período han provocado graves lesiones físicas y deformidades en 264 personas. Las fuerzas de ocupación marroquíes también impusieron “castigos colectivos” al llevar a cabo al menos 139 desahucios en viviendas de activistas saharauis.
El informe denuncia que los presos saharauis están sujetos a la negación constante de sus derechos básicos según el derecho internacional. Están “viviendo en duras condiciones y sometidos, entre otras cosas, a represalias, malos tratos y discriminación”. También se les han negado las visitas y se les ha obligado a permanecer en régimen de aislamiento.
El informe afirma que los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes se enfrentan a negligencia médica, privación de alimentos y condiciones antihigiénicas. Según CODESA, al menos 59 presos políticos saharauis tuvieron que recurrir a huelgas de hambre por períodos prolongados para protestar contra los malos tratos dentro de la cárcel.
El informe también señala que al encarcelar a los prisioneros saharauis a cientos de kilómetros de distancia, la ocupación marroquí los mantiene deliberadamente alejados de sus familiares y amigos como una forma de castigo. Según el informe, cerca del 80% de todos los presos saharauis se encuentran en cárceles que se encuentran al menos a 320 km o más de sus hogares.
CODESA asegura que las autoridades marroquíes utilizaron la “emergencia sanitaria” declarada durante la pandemia de COVID-19 como un medio para aumentar la opresión del pueblo saharaui, tanto dentro como fuera de las cárceles. Afirma que Marruecos ha impedido que observadores extranjeros visiten el Sáhara Occidental ocupado para ocultar sus crímenes y negar al movimiento de autodeterminación saharaui el recurso necesario de contacto global.
El informe acusa a Marruecos de utilizar su ocupación sobre el Sáhara Occidental para seguir saqueando el territorio de recursos y privando a los saharauis de sus derechos económicos. Pide a organizaciones como la ONU y la Cruz Roja Internacional que asuman sus responsabilidades “hacia el Sáhara Occidental como territorio no autónomo bajo ocupación militar donde se aplica el derecho internacional humanitario”. El informe también destaca responsabilidad de España como potencia administradora por los crímenes de las autoridades marroquíes.
En declaraciones a la prensa belga, Maliha dijo a Peoples Dispatch que mientras la ONU y otras organizaciones internacionales no defiendan el “derecho fundamental del pueblo saharaui a la autodeterminación, las fuerzas de ocupación marroquíes continuarán con sus múltiples formas de represión sistemática, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad” en el Sáhara Occidental. «El respaldo político proporcionado por la Unión Europea, España y otros países es la razón principal del aumento de los crímenes marroquíes en el Sáhara Occidental», concluyó Mahjoub.