La conferencia celebrada en Chahid El Hafed reunió la experiencia acumulada ante los tribunales europeos, las herramientas africanas, la responsabilidad pendiente de España y los sistemas que permiten rastrear barcos, empresas y operaciones económicas. El objetivo ya no es solo denunciar el saqueo, sino documentarlo, señalar responsables y llevarlos ante la justicia.
Carlos C. García – NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL
La reunión internacional celebrada en Chahid El Hafed no fue una conferencia más sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental. Durante tres jornadas, responsables saharauis, abogados, especialistas y activistas pusieron en común las distintas piezas de una estrategia que comienza a adquirir una dimensión mucho más amplia: convertir el expolio económico de la ocupación marroquí en pruebas, litigios y responsabilidades jurídicas concretas.
Brahim Gali resumió el alcance político de este trabajo al situar la batalla legal por los recursos naturales en igualdad de importancia con los demás frentes de la lucha saharaui. La afirmación no es retórica. La explotación de los fosfatos, la pesca, la arena, el turismo o las futuras energías renovables no constituye una consecuencia secundaria de la ocupación: contribuye a financiarla, atraer inversiones extranjeras y proyectar la imagen de que Marruecos ejerce una soberanía normal sobre el territorio.
Privar a la ocupación de esos beneficios significa cuestionar una de las bases materiales sobre las que Rabat intenta consolidar los hechos consumados.
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De la denuncia a una estrategia coordinada
El principal valor de la conferencia fue reunir en una misma estructura cuatro trabajos que durante años han avanzado de forma paralela: la construcción jurídica, los litigios internacionales, la documentación técnica del expolio y la identificación de las responsabilidades de Estados, empresas y particulares.
Ubbí Bachraya Bachir, presidente del Grupo de Seguimiento del Expediente de los Recursos Naturales y Cuestiones Jurídicas, recordó que la batalla se intensificó cuando Marruecos comenzó a utilizar los contratos económicos y el asentamiento de colonos como instrumentos para reforzar la ocupación después del alto el fuego de 1991.
Desde el dictamen jurídico elaborado por Hans Corell para Naciones Unidas en 2002 hasta las sentencias europeas de 2016, 2018, 2021 y 2024, se ha ido consolidando una doctrina esencial: el Sáhara Occidental es un territorio separado y distinto de Marruecos y sus recursos no pueden incluirse legítimamente en acuerdos comerciales sin el consentimiento del pueblo saharaui.
La conferencia confirmó que el objetivo ahora es transformar esa doctrina en una ofensiva más coordinada y permanente.
Las victorias europeas como precedente
El abogado del Frente Polisario ante la justicia europea, Emmanuel Devers, destacó que el movimiento de liberación saharaui ha conseguido algo sin precedentes: lograr que los más altos tribunales de la Unión Europea reconozcan su capacidad jurídica para representar al pueblo del Sáhara Occidental y anulen acuerdos internacionales que incorporaban el territorio ocupado.
Los fallos no han terminado con el expolio. Las instituciones europeas y Marruecos han intentado buscar nuevas fórmulas para mantener los intercambios comerciales. Pero cada maniobra confirma la existencia del problema que se trata de eludir: si Marruecos tuviera soberanía sobre el Sáhara Occidental, no necesitaría modificar acuerdos, etiquetas, códigos aduaneros o mecanismos de consentimiento para incluir sus productos.
La batalla europea ha proporcionado al pueblo saharaui una jurisprudencia que puede servir también a otros territorios sometidos a ocupación o explotación colonial.
África ofrece otro terreno jurídico
El embajador Malainin Lakhal recordó que la defensa de la soberanía saharaui no depende únicamente de los tribunales europeos. El sistema africano dispone de una base jurídica propia construida sobre la lucha contra el colonialismo, el respeto de las fronteras heredadas y el derecho de los pueblos a controlar sus riquezas.
La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos reconoce expresamente los derechos a la autodeterminación y a la soberanía permanente sobre los recursos naturales. Lakhal destacó además la sentencia del Tribunal Africano de 2022, que reafirmó el carácter inalienable del derecho saharaui a la autodeterminación.
La pertenencia de la República Saharaui a la Unión Africana convierte este frente en un espacio especialmente incómodo para Marruecos: ambos Estados forman parte de la misma organización, pero uno de ellos continúa ocupando una parte del territorio del otro.
España vuelve al centro de la responsabilidad
Uno de los aspectos más relevantes de la conferencia fue la decisión de situar la responsabilidad española dentro de la estrategia jurídica.
El abogado Jacinto Lara sostuvo que los Acuerdos de Madrid de 1975 no transfirieron la soberanía ni liberaron a España de las obligaciones derivadas de su condición de potencia administradora. A partir de esa interpretación, propuso iniciar actuaciones ante los tribunales españoles para exigir que las administraciones no concedan licencias o autorizaciones relacionadas con el Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui.
Jesús Garay insistió en que el asunto no puede quedar reducido a una deuda moral o histórica. España mantiene, según defendieron los ponentes, obligaciones jurídicas vinculadas a la descolonización, la protección de la población y la defensa de los recursos del territorio.
La importancia del planteamiento reside en el cambio de enfoque: no pedir únicamente al Gobierno español que modifique su política, sino explorar mecanismos judiciales que puedan obligar al Estado a responder por sus decisiones.
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Rastrear barcos para construir casos
La batalla jurídica necesita pruebas. Esa fue la aportación central del especialista canario Anselmo Fariña, que explicó el sistema de seguimiento diario de los buques que entran y salen de los puertos de El Aaiún y Dajla.
El trabajo combina herramientas digitales de navegación, bases de datos, información comercial y observación sobre el terreno. Según expuso, algunos barcos han manipulado rutas o datos transmitidos a los sistemas internacionales para ocultar el verdadero origen y destino de sus cargamentos.
El antecedente del Cherry Blossom, retenido en Sudáfrica cuando transportaba fosfato del Sáhara Occidental hacia Nueva Zelanda, demostró que la documentación puede transformar una denuncia política en una actuación judicial con consecuencias económicas inmediatas.
El seguimiento de los barcos, las empresas importadoras, las aseguradoras y las rutas comerciales persigue precisamente eso: construir expedientes que permitan identificar a todos los participantes en la cadena del expolio.
El turismo también forma parte de la ocupación
Miguel Urbán amplió el análisis al turismo en Dajla. Marruecos promociona la ciudad ocupada como destino internacional de deportes acuáticos, naturaleza e inversión, mientras oculta su situación jurídica y restringe el acceso de periodistas y observadores.
Los vuelos directos, las campañas con creadores de contenido y la presencia de grandes compañías ayudan a presentar Dajla como una ciudad marroquí normalizada. Pero esa imagen turística se construye sobre un territorio ocupado y sin el consentimiento de su población originaria.
El turismo no solo produce beneficios. También funciona como una herramienta política: cuantos más visitantes, empresas y conexiones internacionales participen en esa aparente normalidad, más difícil pretende hacer Marruecos que el mundo recuerde que el proceso de descolonización sigue sin concluir.
Recursos protegidos por un dispositivo militar
La explotación económica tampoco puede separarse de las condiciones en las que se desarrolla. Gheici Nah recordó que las minas, el muro militar, los drones y la presencia del Ejército marroquí forman parte del contexto que permite controlar el territorio y sus riquezas.
Los fosfatos y la pesca se explotan bajo protección militar, mientras la población saharaui continúa dividida, sometida a restricciones y privada de la posibilidad de decidir sobre sus propios recursos.
Esta relación entre ocupación, actividad económica y daños contra la población abre el debate sobre responsabilidades que pueden ir más allá del Derecho comercial. Empresas y particulares no pueden ignorar indefinidamente el contexto en el que obtienen sus beneficios.
Una batalla que entra en una nueva fase
El éxito de la conferencia no consiste únicamente en haber reunido a numerosos especialistas. Su importancia radica en haber articulado una agenda común: vigilar, documentar, identificar, litigar y exigir responsabilidades.
La Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental confirmó que continuará su trabajo ante Naciones Unidas, en defensa de los presos políticos y contra las operaciones que contribuyen a sostener la ocupación. La sociedad civil aportará información; los expertos convertirán esa información en pruebas; y los abogados tratarán de llevar esas pruebas ante los tribunales nacionales e internacionales.
Durante años, Marruecos ha utilizado los recursos del Sáhara Occidental para intentar demostrar que la ocupación era irreversible. La estrategia saharaui busca invertir esa lógica: convertir cada barco, cada cargamento, cada contrato, cada vuelo y cada inversión en una posible prueba de que el territorio no pertenece a Marruecos.
La batalla legal no sustituye a la lucha política por la autodeterminación. La fortalece. Porque impedir que Marruecos se beneficie del territorio ocupado significa también debilitar la normalización económica sobre la que pretende construir su proyecto colonial.