Mientras organismos de la ONU, organizaciones internacionales y asociaciones de juristas alertan sobre la situación en los territorios ocupados, el Gobierno español mantiene un llamativo silencio.

Carlos C. García – Plataforma NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL

Durante el mes de mayo se han sucedido las denuncias sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado. Algunas proceden de organizaciones saharauis. Otras de entidades internacionales de reconocido prestigio. Otras, incluso, de mecanismos oficiales de las Naciones Unidas. Leídas de forma aislada pueden parecer episodios separados. Leídas en conjunto dibujan una realidad mucho más difícil de ignorar. Y también una pregunta incómoda: ¿qué más tiene que ocurrir para que España vuelva a pronunciarse públicamente sobre los derechos humanos en su antigua colonia?

Un documento de recopilación publicado por CONTRAMUTIS permite observar esa realidad en toda su dimensión. A lo largo de apenas unas semanas aparecen denuncias relacionadas con presos políticos saharauis, activistas sometidos a vigilancia y hostigamiento, restricciones a la libertad de movimiento, campañas de intimidación, agresiones físicas, desapariciones, huelgas de hambre y nuevas víctimas de las minas sembradas a lo largo del muro militar marroquí.

Especial relevancia tuvo durante el mes de mayo el pronunciamiento del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, que volvió a constatar violaciones de derechos en relación con varios presos saharauis vinculados al grupo de Gdeim Izik. El organismo denunció detenciones arbitrarias, torturas, confesiones obtenidas bajo coacción y la ausencia de investigaciones eficaces por parte de Marruecos. No se trata de una acusación formulada por una organización militante ni por una asociación de solidaridad, sino por uno de los mecanismos especializados de Naciones Unidas.

Pocos días después, la organización internacional Front Line Defenders denunció una nueva escalada de acoso, aislamiento y represión contra activistas saharauis de derechos humanos en los territorios ocupados. En términos similares se pronunció la Asociación Europea de Abogados por la Democracia y los Derechos Humanos (ELDH), que alertó sobre el incremento de medidas represivas dirigidas a impedir el trabajo de vigilancia y denuncia desarrollado por activistas y organizaciones saharauis.

A estas denuncias se han sumado durante las últimas semanas otras informaciones preocupantes: la desaparición del activista saharaui Daha Mohamed Fadel Lehbib durante una travesía hacia Canarias; las denuncias de malos tratos y aislamiento de varios presos políticos; la agresión de colonos marroquíes contra un ciudadano saharaui en El Aaiún ocupado; o la nueva huelga de hambre anunciada por el preso político Abdullah Lejfauni para denunciar vulneraciones de sus derechos fundamentales.

La pregunta no es si existe una denuncia. La pregunta es cuántas denuncias más tienen que acumularse para que el Gobierno español considere necesario pronunciarse. Porque mientras Naciones Unidas, organizaciones internacionales y asociaciones de juristas expresan públicamente su preocupación, España mantiene una discreción difícil de explicar en un territorio cuya descolonización sigue pendiente y respecto del cual numerosos especialistas continúan recordando las responsabilidades jurídicas que conserva el Estado español.

Quienes seguimos desde hace años la actualidad saharaui sabemos que ninguna de estas denuncias constituye una sorpresa. Lo preocupante no es que existan nuevos casos. Lo preocupante es la normalidad con la que terminan siendo asumidos. Cada nueva resolución de Naciones Unidas, cada denuncia de una organización internacional, cada huelga de hambre de un preso político saharaui parece desaparecer rápidamente del debate público español. Como si el Sáhara Occidental hubiera quedado excluido de aquellas causas que merecen atención, preocupación o solidaridad.

Quizá el problema no sea la falta de información. La información existe. Los informes existen. Los testimonios existen. Las denuncias existen. Lo que parece faltar es la voluntad política de mirar hacia ellas. Porque cuando las alertas llegan desde Naciones Unidas, desde organizaciones internacionales de derechos humanos y desde asociaciones de juristas europeos, el silencio deja de ser una simple ausencia de declaraciones. Empieza a convertirse en una posición política en sí misma.