PP y Vox hicieron del giro de Pedro Sánchez una de sus principales banderas contra el Gobierno. La Ley de Nacionalidad Saharaui permite comprobar ahora qué queda de aquel discurso cuando la responsabilidad histórica de España debe traducirse en derechos concretos.

Carlos C. García, PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»

La fotografía de Alberto Núñez Feijóo junto al jefe del Gobierno marroquí, Aziz Akhannouch, fue tomada en mayo de 2022, durante el Congreso del Partido Popular Europeo celebrado en Róterdam. No hay nada extraño en aquel encuentro. Cualquier partido español con aspiraciones de gobernar sabe que deberá mantener relaciones con Marruecos y afrontar una vecindad compleja.

La cuestión no es hablar con Rabat. La cuestión es qué principios se mantienen cuando esa relación exige tomar decisiones sobre el Sáhara Occidental.

Desde que Pedro Sánchez comunicó a Mohamed VI su respaldo a la propuesta marroquí de autonomía, el Partido Popular ha denunciado la ruptura unilateral de la posición española, la ausencia de consenso parlamentario y el alejamiento del marco establecido por Naciones Unidas. Feijóo llegó a calificar aquel cambio como uno de los hechos más graves de la política exterior reciente y prometió reconstruir una política basada en la transparencia y el acuerdo entre las fuerzas parlamentarias.

La crítica tenía fundamento. Sánchez cambió la posición española mediante una carta que no fue debatida previamente en el Congreso, dañó la relación con Argelia y alineó al Gobierno con una propuesta que pretende sustituir el derecho de autodeterminación por una autonomía bajo soberanía marroquí.

Pero censurar el giro de Sánchez no equivale necesariamente a defender los derechos del pueblo saharaui. La verdadera medida del compromiso aparece cuando llega el momento de convertir las declaraciones en decisiones.

La nacionalidad como primera prueba

La Comisión de Justicia aprobó el jueves el dictamen de la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el territorio bajo administración española y a sus descendientes. El resultado fue de 19 votos favorables, tres contrarios y 15 abstenciones. El PP y Junts se abstuvieron; Vox fue el único grupo que votó en contra.

La posición del Partido Popular exige una lectura más cuidadosa que una simple acusación de rechazo. El PP apoyó la toma en consideración de la ley en febrero de 2025, presentó posteriormente sus propias enmiendas y ahora optó por no impedir que el dictamen siguiera adelante. Entre sus objeciones figuran el procedimiento, los medios de acreditación y la seguridad jurídica de un texto cuyo contenido y alcance explicamos tras su aprobación en ponencia. Las enmiendas registradas confirman que el PP planteó una vía distinta, vinculada principalmente a la nacionalidad por residencia.

La abstención, por tanto, no es equivalente al voto contrario de Vox. Pero tampoco representa el apoyo claro que cabría esperar de un partido que ha utilizado durante cuatro años el Sáhara Occidental para denunciar la política de Pedro Sánchez.

La pregunta decisiva queda aplazada hasta septiembre. El dictamen deberá ser debatido y votado por el Pleno porque el propio Grupo Popular solicitó en diciembre de 2025 que la decisión final no quedara en manos de la Comisión. Después llegará al Senado, donde el PP dispone actualmente de 138 escaños y capacidad suficiente para modificar, retrasar o vetar la iniciativa.

Será entonces cuando conozcamos su verdadera decisión.

Vox ya ha elegido

Vox no dejó esa incógnita. Votó contra el dictamen pese a proclamar su solidaridad con un pueblo que lleva medio siglo sometido a la ocupación marroquí. Cuando la cuestión dejó de ser una crítica al Gobierno y se convirtió en el reconocimiento de un derecho concreto, su respuesta fue negativa.

El voto confirma que la denuncia de la política de Sánchez no implica necesariamente asumir la responsabilidad española ni reparar las consecuencias del abandono de 1975.

Tampoco el PSOE puede presentarse ahora como ejemplo de coherencia. Se opuso inicialmente a la tramitación, mantuvo la iniciativa bloqueada durante meses y continúa respaldando la propuesta marroquí de autonomía. Su voto favorable no borra la carta enviada a Mohamed VI ni devuelve a España a una posición respetuosa con el derecho de autodeterminación.

La Ley de Nacionalidad Saharaui tampoco resolverá la descolonización pendiente: reparación no significa renuncia. No acabará con la ocupación, no sustituirá el referéndum y no liberará a los presos políticos. Pero obliga a los partidos españoles a abandonar durante unas horas las declaraciones generales y pronunciarse sobre una reparación concreta.

El Sáhara Occidental no puede seguir siendo un arma contra el adversario cuando se está en la oposición y una cuestión incómoda cuando se aspira a gobernar. La prueba no está en las palabras pronunciadas contra Pedro Sánchez. Está en los votos, en los derechos reconocidos y en las decisiones que cada partido adopte cuando Marruecos vuelva a ejercer presión.

En septiembre llegará la siguiente prueba.