Frente a quienes presentan cualquier avance concreto para las personas saharauis como una trampa colonial, conviene recordar algo básico: reconocer derechos no sustituye la autodeterminación, pero negarlos tampoco libera al Sáhara Occidental

Hay una nueva forma de intervenir en el debate saharaui que conviene mirar de frente. No consiste en atacar directamente al pueblo saharaui, ni en negar formalmente su derecho a la autodeterminación, ni siquiera en defender abiertamente la ocupación marroquí. Es más sutil. Consiste en presentar cualquier avance concreto para personas saharauis reales —en los campamentos, en los territorios ocupados o en la diáspora— como una amenaza para la causa nacional.

Así, una ley que puede abrir una vía de reparación para saharauis vinculados al antiguo Sáhara Español pasa a ser descrita como una trampa. Una posibilidad de reconocimiento jurídico se convierte en rendición. Un derecho individual largamente negado se transforma, por arte de retórica, en una operación colonial destinada a destruir la conciencia nacional saharaui.

Conviene decirlo con claridad: la Ley de Nacionalidad Saharaui no descoloniza el Sáhara Occidental. No sustituye el referéndum. No devuelve la tierra. No libera a los presos políticos. No hace aparecer a los desaparecidos. No detiene el expolio de los recursos naturales. No obliga a España a asumir toda su responsabilidad histórica. Todo eso es cierto. Pero de ahí no se deriva que haya que impedir la ley. De ahí se deriva que hay que defenderla como lo que es: una reparación limitada, concreta, insuficiente, pero necesaria.

Un pasaporte no libera un territorio. Pero negar un pasaporte tampoco lo libera. Esa es la trampa argumental que algunos intentan colocar: como la ley no resuelve todo, no debe aprobarse nada. Como no culmina la descolonización, no merece apoyo. Como no repara medio siglo de abandono, hay que impedir que repare siquiera una parte. Es una lógica tan maximalista que termina siendo funcional al bloqueo.

La realidad es más sencilla y más dura. Hay personas saharauis que han vivido durante años en un limbo jurídico intolerable. Hay descendientes de saharauis nacidos bajo administración española que han cargado con las consecuencias de una retirada colonial irresponsable. Hay familias divididas, expedientes imposibles, consulados bloqueados, trámites interminables y vidas concretas atrapadas en una deuda histórica que España nunca quiso mirar de frente. A esas personas no se les puede responder con una consigna grandilocuente. Se les debe reconocer un derecho.

Decir esto no significa rebajar la causa saharaui a una cuestión de extranjería. Significa exactamente lo contrario: recordar que la responsabilidad de España tiene consecuencias jurídicas concretas sobre personas concretas. La autodeterminación es un derecho colectivo irrenunciable. La nacionalidad puede ser una reparación individual. Las dos cosas no se excluyen, salvo que alguien quiera imponer una falsa disyuntiva.

También se habla del riesgo de fraude documental. Por supuesto que cualquier ley debe tener garantías. Por supuesto que el procedimiento debe blindarse. Por supuesto que hay que evitar cualquier utilización fraudulenta por parte de colonos marroquíes o redes de falsificación. Pero una cosa es exigir garantías y otra muy distinta convertir los riesgos en excusa para negar el derecho. Si el problema es el control documental, se refuerza el control documental. Si el problema es la opacidad, se exige transparencia. Si el problema es la aplicación consular, se denuncia el bloqueo y se obliga al Estado español a habilitar vías reales. Lo que no se hace es decir a los saharauis: como puede haber dificultades, mejor que nadie avance.

Conviene no perder el centro del debate. La Ley de Nacionalidad Saharaui no resuelve la descolonización pendiente del Sáhara Occidental, no sustituye el derecho de autodeterminación y no puede presentarse como una salida política al conflicto. Su sentido es otro: reconocer una responsabilidad histórica concreta de España hacia personas saharauis vinculadas a la antigua administración española del territorio.

Precisamente por eso, apoyar esta ley no significa rebajar la causa nacional saharaui ni convertir un derecho colectivo en una suma de expedientes individuales. Significa asumir que una reparación parcial puede ser justa aunque no sea suficiente. La autodeterminación sigue siendo el marco político de fondo; la nacionalidad, en cambio, pertenece al terreno de los derechos, la reparación y la responsabilidad española.

El debate honesto debería partir de ahí. La Ley de Nacionalidad Saharaui puede necesitar mejoras, garantías y vigilancia en su aplicación, pero no niega al pueblo saharaui como sujeto político. Lo que sería inaceptable es utilizar sus límites para bloquear cualquier reparación posible o para mantener, una vez más, la deuda española en el terreno del aplazamiento indefinido.

España debe ser confrontada con su responsabilidad. Completamente de acuerdo. España no puede esconderse detrás de la cooperación, la solidaridad social o la retórica diplomática. España abandonó el Sáhara Occidental sin culminar la descolonización y sigue teniendo una responsabilidad histórica, política y jurídica. Pero precisamente por eso no tiene sentido oponerse a una medida que reconoce, aunque sea parcialmente, una consecuencia de esa responsabilidad.

La pregunta no debería ser si la nacionalidad sustituye a la libertad. No la sustituye. La pregunta debería ser por qué alguien querría impedir que una persona saharaui acceda a un derecho que puede mejorar su vida sin renunciar a su identidad, a su memoria ni a su causa nacional. Porque ser saharaui no se pierde por tener papeles. Lo que amenaza la identidad saharaui no es una nacionalidad reparadora. Lo que la amenaza es la ocupación, la represión, el expolio, la sustitución demográfica, la propaganda marroquí y la normalización internacional de una soberanía que no existe.

Conviene no confundir dignidad con sufrimiento obligatorio. El pueblo saharaui no demuestra su compromiso nacional permaneciendo sin derechos, sin documentos, sin movilidad o sin protección jurídica. La causa saharaui no se fortalece negando mejoras concretas a quienes llevan décadas pagando las consecuencias de una injusticia. Ningún pueblo se libera mejor porque sus hijos e hijas tengan menos derechos.

La Ley de Nacionalidad Saharaui no es el final de nada. No debe venderse como solución total ni como cierre de la deuda española. Pero tampoco debe ser presentada como traición. Es una pieza parcial en un tablero mucho más amplio. Puede y debe defenderse al mismo tiempo que se exige el referéndum, la protección de los derechos humanos, la ampliación del mandato de la MINURSO, el fin del expolio, la liberación de presos políticos y el reconocimiento pleno del derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro.

Lo verdaderamente preocupante no es que haya saharauis que quieran acceder a la nacionalidad española. Lo preocupante sería que se instalara la idea de que cualquier mejora concreta para los saharauis es sospechosa, mientras se reserva el lenguaje de la “paz”, el “realismo” y la “modernidad” para quienes aceptan negociar dentro de la soberanía marroquí.

No. Reparación no es renuncia. Nacionalidad no es descolonización, pero tampoco es traición. Y defender derechos para personas saharauis no debilita la causa saharaui. La debilita mucho más convertir el sufrimiento en pureza política y la falta de derechos en prueba de compromiso nacional.

Si la ley llega al Pleno, cada cual tendrá que fijar posición. Quien crea que esta reparación es una amenaza, que lo diga claramente: que pida votar no. Pero que explique también por qué mejorar la vida de personas saharauis concretas sería más peligroso que seguir dejando todo como está.

Porque tal vez esa sea la verdadera trampa legal y moral: llamar conciencia política a impedir avances reales, llamar pureza a bloquear derechos y llamar pragmatismo a aceptar como inevitable el marco impuesto por Marruecos.