6 de julio de 2026 — Un primer acercamiento al documento “Fifty Years Under Occupation”, que analiza violaciones de derechos humanos, transformación colonial y ausencia de vigilancia internacional en el Sáhara Occidental ocupado

Victoria G. Corera – Plataforma NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL

El informe publicado por la European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights no es un documento más sobre el Sáhara Occidental. Su propio título marca el terreno: “Fifty Years Under Occupation”. Cincuenta años bajo ocupación. No habla de una simple disputa política, ni de una diferencia diplomática, ni de un conflicto congelado sin responsables. Habla de ocupación, de violaciones de derechos humanos, de transformación colonial del territorio y de una ausencia prolongada de vigilancia internacional efectiva.

Este primer acercamiento no pretende resumir todo el informe. Sería injusto hacerlo con un documento de este alcance. Lo importante hoy es señalar por qué debe ser leído con atención. La ELDH sitúa la cuestión saharaui donde siempre debió estar: en el marco del derecho internacional, de la descolonización pendiente, del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y de la protección de una población sometida durante décadas a un sistema de control político, social, judicial, económico y policial.

El documento parte de una misión de investigación realizada bajo los auspicios de la ELDH, una red europea de juristas y organizaciones de abogados dedicada a la defensa de los derechos humanos, el Estado de derecho, el acceso a la justicia y la independencia de la profesión jurídica. La misión recogió testimonios de víctimas, antiguos detenidos, familiares de víctimas, abogados, defensores de derechos humanos, periodistas y representantes de la sociedad civil saharaui, además de apoyarse en documentación de Naciones Unidas, decisiones judiciales e informes de organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos.

Una de las grandes aportaciones del informe es que no presenta lo que ocurre en el Sáhara Occidental ocupado como una sucesión de abusos desconectados. Lo que describe es algo más profundo: una continuidad de prácticas represivas que han ido cambiando de forma, pero no de objetivo. Desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, juicios sin garantías, hostigamiento a periodistas y defensores de derechos humanos, vigilancia, discriminación económica, presión sobre las familias y control del espacio público forman parte de una misma realidad.

El informe insiste en una idea que debería estar en el centro de cualquier debate internacional: el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización. La MINURSO fue creada en 1991 para acompañar un proceso que debía conducir a un referéndum de autodeterminación, pero ese referéndum nunca se ha celebrado. Más de tres décadas después, la misión de Naciones Unidas sigue sin tener un mandato específico para vigilar y denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos. Esa ausencia no es un detalle técnico. Es un vacío de protección que afecta directamente a la población saharaui.

Porque cuando no hay observación internacional permanente, quienes documentan los abusos quedan más expuestos. Las víctimas tienen más dificultades para ser escuchadas. Las familias de presos políticos, desaparecidos o personas asesinadas encuentran más obstáculos para reclamar verdad y justicia. Y Marruecos puede mantener un sistema de control con menos escrutinio exterior.

El documento dedica atención a cuestiones que no siempre reciben el mismo foco. No habla solo de represión policial o judicial. También aborda la transformación demográfica del territorio, la discriminación estructural, la explotación de los recursos naturales, el impacto sobre mujeres y niños, la situación de los abogados saharauis, la persecución de periodistas y el cierre del espacio cívico. Es decir, muestra que la ocupación no se sostiene solo mediante fuerzas de seguridad. También se sostiene mediante economía, administración, propaganda, control social y apropiación de recursos.

Especialmente importante es la forma en que el informe conecta derechos humanos y autodeterminación. No son dos debates separados. En el Sáhara Occidental, impedir que un pueblo decida libremente su futuro tiene consecuencias concretas sobre la vida diaria: quién puede expresarse, quién puede organizarse, quién puede trabajar, quién puede estudiar, quién puede visitar a un familiar preso, quién puede contar lo que ocurre y quién puede beneficiarse de los recursos del territorio.

El informe también mira a los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf, y lo hace sin reducirlos a una cuestión humanitaria. Describe una realidad compleja: instituciones, organización comunitaria y resistencia social conviven con el desplazamiento prolongado, la dependencia de la ayuda internacional, la falta de recursos y la ausencia de una solución política. La vida en los campamentos no puede entenderse al margen de la ocupación ni del bloqueo del derecho de autodeterminación.

Por eso este documento merece ser leído despacio. No porque descubra que existen violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado —eso lo saben desde hace décadas las víctimas, las familias, los presos políticos, las defensoras saharauis, los periodistas y las organizaciones de derechos humanos—, sino porque ordena esa realidad, la documenta jurídicamente y la sitúa en un marco que no debería poder ignorarse.

La fuerza del informe está también en su lenguaje. Habla de ocupación cuando corresponde hablar de ocupación. Habla de descolonización cuando corresponde hablar de descolonización. Habla de autodeterminación cuando se intenta sustituir ese derecho por fórmulas impuestas. Habla de expolio cuando se explotan recursos sin el consentimiento del pueblo saharaui. Y habla de vacío de vigilancia internacional cuando la MINURSO sigue sin mandato de derechos humanos.

Este primer acercamiento deja una conclusión clara: el Sáhara Occidental no necesita más silencios diplomáticos ni más propaganda de normalización. Necesita vigilancia internacional independiente, protección efectiva de la población saharaui, investigación de las violaciones denunciadas, rendición de cuentas, respeto a los recursos naturales del territorio y cumplimiento del derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro.

Volveremos sobre este informe. Habrá que leer con calma sus apartados sobre presos políticos, desapariciones forzadas, mujeres defensoras de derechos humanos, represión de periodistas, explotación de recursos naturales, transformación demográfica, papel de la Unión Europea y responsabilidades de España. Pero la primera idea ya está encima de la mesa: cincuenta años después, el problema no es la falta de información. El problema es la falta de voluntad política para actuar ante una ocupación prolongada y documentada.