En los últimos años, la expresión “territorio en disputa” se ha consolidado en medios, instituciones y discursos diplomáticos como una fórmula supuestamente neutral para referirse al Sáhara Occidental. Sin embargo, el derecho internacional y la jurisprudencia europea establecen con total claridad que no se trata de una disputa, sino de un territorio ocupado y pendiente de descolonización, bajo control colonial del Reino de Marruecos. Desde 1963 figura en la lista de territorios no autónomos de la ONU, y España sigue siendo de iure la potencia administradora, al no haber completado legalmente el proceso de descolonización. La invasión marroquí de 1975, tras los ilegales Acuerdos de Madrid, fue condenada por la Corte Internacional de Justicia, que reconoció el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Décadas después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reforzado esta posición, estableciendo que el Sáhara Occidental tiene un “estatuto separado y distinto” respecto a Marruecos y que ningún acuerdo entre la UE y este último puede aplicarse al territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario. Pese a ello, la expresión “territorio en disputa” se mantiene como un recurso político para eludir la verdad: borrar la existencia de una potencia ocupante y un pueblo colonizado. El doble rasero es evidente: mientras en otros casos de ocupación se habla de anexión ilegal, aquí se opta por un lenguaje ambiguo que favorece al ocupante.
La ONU reconoce al Frente Polisario como único representante legítimo del pueblo saharaui, y cualquier solución política debe contar con su participación. El plan de autonomía marroquí busca consolidar la anexión, ignorando el derecho a la autodeterminación. Llamar “territorio en disputa” al Sáhara Occidental no solo es falso, sino que legitima la ocupación y silencia a sus víctimas. No estamos ante una disputa territorial, sino ante una lucha de descolonización frente a una ocupación ilegal. Las sentencias y principios internacionales son claros: lo que falta es voluntad política y valor moral. Porque no se trata de una disputa, se trata de justicia.
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