El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y la captura forzada de su presidente marcan un nuevo umbral en la degradación del orden internacional. Más allá del caso venezolano, el episodio confirma una tendencia ya visible: el uso de la fuerza se impone cada vez con menos límites y el derecho internacional pierde capacidad real para regular las relaciones entre Estados.
La intervención estadounidense en Venezuela no puede entenderse solo como una decisión coyuntural. Forma parte de una dinámica más amplia. Una dinámica en la que las grandes potencias actúan al margen de las normas cuando estas dejan de servir a sus intereses. La ausencia de un mandato internacional no ha sido un obstáculo. Tampoco lo ha sido el principio de soberanía.
Este tipo de actuaciones no son nuevas. Irak, Libia o Siria lo demuestran. Cada uno de esos episodios debilitó un poco más el sistema multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Venezuela confirma que ese proceso continúa. Y que ya no es necesario construir grandes justificaciones jurídicas para recurrir a la fuerza.
El problema no es solo lo ocurrido en Caracas. Es el precedente que se consolida. Cuando una potencia actúa sin consecuencias, el derecho internacional deja de ser un marco común. Pasa a ser una referencia selectiva. Se invoca cuando conviene y se ignora cuando estorba.
Este vaciamiento del sistema internacional no reduce los conflictos. Los agrava. Y los hace más desiguales. Los Estados con poder militar amplían su margen de actuación. Los actores más débiles quedan más expuestos. La asimetría se convierte en norma.
En este contexto, los pueblos y territorios cuya protección depende del derecho internacional son los más afectados. Cuando las resoluciones de Naciones Unidas o los dictámenes judiciales pueden ser ignorados sin coste político, la balanza se inclina de forma automática. Siempre a favor del más fuerte. Siempre en detrimento de quienes carecen de capacidad de presión.
La normalización de la fuerza como herramienta política refuerza también otras ocupaciones y otros hechos consumados. Si una violación grave de la soberanía estatal se acepta o se normaliza, resulta más fácil justificar la inacción en otros escenarios. El mensaje es claro: el poder crea su propia legalidad.
La agresión contra Venezuela no cierra un ciclo. Abre una fase más inestable. Un mundo donde el derecho pierde centralidad es un mundo menos previsible. Y menos justo. Para los Estados débiles, pero sobre todo para los pueblos que siguen esperando que las normas internacionales se apliquen de forma efectiva.
Victoria G. Corera
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