Hace unos tres meses el gobierno español cambió el estatuto con el que trataba al Sáhara Occidental, favoreciendo a los intereses marroquíes, país que ocupa el territorio saharaui. Lamentablemente, la situación en Ucrania ha eclipsado el conflicto en el Sáhara y no es la primera vez que esto ocurre. Por eso, volvemos a traer el tema a nuestro programa y lo haremos de la mano de nuestro colaborador y compañero Jayro Sánchez.

Buenas tardes, Mariano. Es un placer estar aquí.

Jayro, empecemos explicando a nuestra audiencia en qué cambió la postura de España para con el Sáhara Occidental y qué efectos ha tenido.

Bueno, lo primero que hay que decir respecto a esta cuestión es que tiene un carácter sumamente complejo, sobre todo en el terreno jurídico. Como los oyentes ya sabrán, el Sáhara Occidental fue territorio colonial español desde finales del siglo XIX hasta el mes de noviembre de 1975.

En la década de 1960, en pleno proceso de descolonización del continente africano, España, como potencia administradora de la zona, decidió facilitar y garantizar la independización del Sáhara por recomendación de la ONU.

Marruecos y Mauritania, dos de sus vecinos más próximos, ya habían obtenido la independencia en 1956 y 1960, respectivamente. Y el primero de estos países reclamaba desde entonces la soberanía sobre el Sáhara Occidental y Mauritania, a los cuales incluía en un vago concepto geográfico-político conocido con el nombre de “Gran Marruecos”.

Hasán II, padre del actual rey de Marruecos, planeó una estrategia para ocupar el Sáhara Occidental de manera ilegal. Aprovechando la confusión y la debilidad provocadas en el seno del Estado español por la agonía del dictador Francisco Franco a lo largo de 1974 y 1975, el monarca alauí instó a 300.000 civiles (entre los que también se camuflaban soldados) a que invadieran de manera “pacífica” el protectorado español.

El Gobierno español se vio forzado a negociar para no iniciar una guerra y, una semana antes de que Franco muriera, firmó junto con Marruecos y Mauritania los Acuerdos de Madrid de 1975. En estos cedía la soberanía del Sáhara Occidental a los dos países norteafricanos mencionados con anterioridad, pero lo hacía de manera unilateral, sin contar con la aprobación ni el conocimiento de la ONU, e incumpliendo además la legislación internacional referente al proceso de descolonización (que se refleja en las Resoluciones 1514 de 1960 y 2625 de 1970 de la Asamblea General de la ONU).

Esto no le gustó al pueblo saharaui, que en el momento de la invasión preparaba la celebración de un referéndum mediante el que se iba a decidir si el Sáhara pasaba a ser una nación independiente o seguía bajo control español. Por lo tanto, la organización que lideraba el proceso de independencia, el Frente Polisario, inició una guerra de guerrillas contra los ocupantes del Ejército marroquí. La ONU medió para que se declarara una tregua en 1991 y envió a un equipo de pacificación al que se conoce como MINURSO para hacerla cumplir. A pesar de esto, de vez en cuando siguen produciéndose choques entre las fuerzas militares saharauis y marroquíes (sobre todo desde que a finales de 2020, el expresidente estadounidense Donald Trump reconociera la soberanía marroquí sobre el Sáhara).

Desde su salida del Sáhara, España ha mantenido dos posturas respecto al conflicto. Durante décadas, ha mostrado una actitud ambigua que le permitía mantener buenas relaciones con Marruecos (un país de suma importancia en los ámbitos comercial, migratorio y de lucha antiterrorista) y con Argelia, que es el principal apoyo internacional del Sáhara y que exporta a España un 40% del gas natural que esta consume.

Pero, el 18 de marzo, se divulgó el envío de una carta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al actual rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que se reconocía el plan de autonomía marroquí presentado en 2007 ante la ONU como la propuesta “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. Este plan permitiría al Sáhara mantener una serie de competencias que podríamos tildar de locales, pero su aceptación significaría el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre un territorio que invadió y que ocupa de forma ilegal. Esto no es aceptable desde el punto de vista del Derecho Internacional Público, ya que entre sus principios esenciales se encuentra el respeto a la soberanía territorial de cada Estado.

En cuanto a los efectos de este cambio de actitud de España, podríamos decir que su Gobierno ha pasado de tener problemas con Marruecos (recordemos la crisis vivida entre los dos países por el cruce masivo de inmigrantes irregulares a través de las fronteras de Ceuta y Melilla en el pasado mes de mayo de 2021) a tenerlos con Argelia (pues hace una semana que el Gobierno de Argel amenazó con suspender el tratado de amistad y cooperación que le une a España, lo que tendría importantes consecuencias económicas y energéticas).

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