El 18 de abril de 2021 llegó al aeródromo militar de Zaragoza un avión de Estado de Argelia que transportaba al secretario general del Frente Polisario (FP) y presidente de la República Saharaui Democrática, Brahim Ghali, gravemente enfermo de Covid-19, quien fue transportado en una ambulancia a Logroño e internado en el hospital de San Pedro bajo el nombre de Mohamed ben Batouche, titular de un pasaporte diplomático argelino. El abogado malagueño Antonio Urdiales –casado con una marroquí- y el valenciano Juan Carlos Navarro –contratado por un empresario marroquí de Valencia- recurrieron a la acción popular para presentar una denuncia contra el diplomático Camilo Villarino, jefe de Gabinete de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, acusándolo de la comisión de delitos de prevaricación, falsificación de documento y encubrimiento, por haber autorizado la entrada de Ghali en España de la forma en que lo hizo. El titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, admitió a trámite estas denuncias e imputó a Villarino y –según informan los medios de comunicación- también ha imputado a González Laya, aunque parece ser que la ex-ministra no ha recibido todavía notificación oficial alguna del magistrado y se ha enterado de su investigación por la prensa.
Hospitalización de Ghali en España y reacción de Marruecos
El presidente argelino, Abdel Majid Tebboune, pidió al Gobierno español que aceptara tratar médicamente en España a Ghali -que se encontraba en un hospital de Argel gravemente enfermo de coronavirus- y Pedro Sánchez accedió a la petición por razones “estrictamente humanitarias”. El 15 de abril, la ministra recibió información de su colega argelino de que el avión que transportaba a Ghali llegaría a España el día 18 y González Laya le indicó que debería aterrizar en el aeródromo militar de Zaragoza. Acto seguido, encomendó a su jefe de Gabinete que se ocupara de los aspectos técnicos y logísticos para facilitar su entrada, con el máximo nivel de discreción y sigilo, como así se hizo, y Ghali fue ingresado en un recóndito hospital de La Rioja.
La situación no hubiera transcendido si uno de los muchos confidentes que el eficiente Servicio de Inteligencia de Marruecos tiene en España –cuyos tentáculos se extienden por todo el país- no hubiera dado el chivatazo y levantado la liebre. El Servicio marroquí dio amplia difusión a la noticia a través de la prestigiosa revista tunecina “Jeune Afrique” y la presentó como una afrenta de España a un aliado y amigo como Marruecos. El Gobierno marroquí se rasgó las vestiduras de forma calculada y el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado en el que deploraba la actitud de España por acoger al líder de las milicias separatistas del FP, acusado de graves crímenes de guerra y de violaciones de los derechos humanos, y expresaba su decepción por semejante proceder, contrario al espíritu de asociación y buena vecindad, y llamó a capítulo al embajador, Ricardo Díez Hochleitner, para protestar por esta actitud, e instarle a que el Gobierno contestara a una serie de impertinentes preguntas.
El ministro del ramo, Nasser Bourita, hizo una declaraciones a EFE en las que insistió en las críticas, señaló que Marruecos no había recibido respuesta a las preguntas que había formulado y que la situación suponía un “test” sobre la fiabilidad de las relaciones hispano-marroquíes. Señaló que no se debía maniobrar por la espalda con una cuestión que era vital para Marruecos y planteó a España la opción de mantener unas relaciones cordiales con el Reino o alinearse con los criminales del FP. El Senado marroquí lanzó un comunicado que condenaba la hospitalización de Ghali en Logroño.
El Gobierno marroquí sobreactuó en sus críticas a España. Es cierto que –aunque no estaba jurídicamente obligado a ello- el Gobierno español cometió el error político de no informar de antemano al marroquí de su decisión de acoger al líder saharaui por motivos humanitarios, pero si el Gobierno español hubiera querido “apuñalar por la espalda” al marroquí, habría autorizado el aterrizaje del avión argelino en el aeropuerto Adolfo Suárez y Ghali habría sido recibido a pie de avión por u alto cargo y por el jefe de Protocolo de la Moncloa, e ingresado en el hospital de La Paz. González Laya trató de salir al paso de este sunami crítico, para lo que insistió en el carácter humanitario de la admisión de Ghali y declaró que Marruecos era un socio preferente de España y que el incidente no debería perturbar las buenas relaciones existentes entre los dos países, pero era demasiado tarde y Marruecos no se dio por satisfecho con las explicaciones.
Con populismo demagógico y alto grado de hipocresía, las autoridades marroquíes lanzaron un ataque implacable contra Ghali, acusándole de ser un vulgar terrorista, violador de los derechos humanos y responsable del genocidio de sus propios compatriotas, lo cual era una desmedida exageración. Era obvio que Ghali era un enemigo de Marruecos, al que había combatido con las armas por ocupar ilegalmente el Sáhara Occidental, pero había sido fundador del FP y su primer secretario general, jefe del Ejército saharaui, ministro de Defensa, representante de la RASD en España y en Argelia, y era a la sazón secretario general del FP y presidente de una República, que ha sido reconocida como Estado por 83 países y es miembro de pleno derecho de la Unión Africana en pie de igualdad con Marruecos, quien ha negociado durante años con ella. España no ha reconocido a la RASD, pero sí al FP como representante legítimo del pueblo saharaui y le permite que tenga en Madrid una representación oficiosa.
Ghali merecía un mínimo grado de respeto, especialmente cuando se encontraba gravemente enfermo. Había sido además ciudadano español y –aunque luchó contra España por la independencia de su país- siempre mantuvo una actitud de respeto hacia su antigua patria. Aún más, según ha revelado Miguel González en “El País” y demostrado con la exhibición del certificado correspondiente, Ghali sigue ostentando la nacionalidad española, que nunca perdió, según ha testimoniado la juez responsable del Registro Civil de Valencia en un documento expedido en 2004. En cualquier caso, que Ghali fuera o no español era irrelevante a los efectos de su entrada en España, que es un Estado soberano que puede decidir que entre en su territorio a quien estime conveniente y en la forma que considere procedente, sin tener que pedir la venia de Marruecos.
Actuación de Villarino
Resulta curioso que conozcamos con todo detalle la actuación de Villarino gracias a la información de los medios de comunicación, que les ha sido filtrada sistemáticamente por los abogados denunciantes, en contra de la ética profesional. El 16 de abril, González Laya le dijo a su jefe de Gabinete que “se había tomado la decisión” de que Ghali fuera admitido en España el día 18 y le encomendó que adoptara las medidas necesarias, a cuyos efectos debería ponerse en contacto con el segundo jefe del Estado Mayor del Aire, el teniente general Javier Fernández, al que telefoneó para informarle de la llegada del avión argelino el día 18, sin indicarle quién era la personalidad transportada en el mismo debido al mandato de absoluta discreción recibido, y –al preguntarle el general si era necesario que pasara los controles ordinarios de pasaportes, le contestó que no, de acuerdo con las instrucciones de la ministra.
Cuando Lasala interrogó exhaustivamente a Villarino en su comparecencia como imputado, le preguntó que quién había tomado la decisión y el diplomático le contestó que no lo sabía, porque la ministra no se lo había dicho, ni él lo había preguntado. Insistió el magistrado en la suerte y le preguntó si la ministra había tomado ella sola la decisión. Villarino repitió que no lo sabía, pero que no creía que eso fuera sí, “porque el Gobierno no era un reino de taifas”. Las reflexiones sobre quién era el responsable último iban en una obvia dirección. Como se ha preguntado el embajador Inocencio Arias –con su franco y desgarrado lenguaje indaliano- “¿es de recibo que la ministra Laya se impusiera sobre Marlaska para conseguir la llegada de Ghali sin contar con el señorito de ambos? ¿es realista pensar que la ministra pudiera animarse a irritar por sí sola profundamente a Marruecos si el asuntos transcendía?, y se ha respondido que “no es serio pensar que los aviones se posaron sin el beneplácito de las alturas. La mano que meció la cuna está en la Moncloa”. Elemental, querido Chencho. Si fuera coherente dentro de su incoherencia, Lasala debería haber imputado ya al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Examinemos ahora la absurda asunción por parte de Lasala de que Villarino había cometido nada menos que tres delitos.
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Origen: Elucubraciones de un juez con ansias de notoriedad – SevillaInfo