El Sáhara Occidental volvió ayer a aparecer en varios lugares de la política española: en los mapas de entidades públicas, en el Congreso y, de fondo, en una relación con Marruecos que atraviesa una nueva crisis de confianza. Mientras casi nueve de cada diez españoles responsabilizan a Rabat de lo ocurrido en Ceuta, España sigue arrastrando una cuestión que nunca resolvió: su responsabilidad con el pueblo saharaui y con una descolonización todavía pendiente.
8 de septiembre de 2026 | NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL
Ayer comprobamos que la web de AENA clasifica El Aaiún y Dajla como destinos de Marruecos. Horas después, Sumar denunciaba que el nuevo portal público Casa 47, dependiente del Ministerio de Vivienda, utiliza un mapa que integra igualmente el Sáhara Occidental dentro del territorio marroquí. Ninguno de esos mapas cambia el estatuto jurídico del territorio, pero ambos muestran algo preocupante: mientras Naciones Unidas mantiene al Sáhara Occidental pendiente de descolonización, determinadas instituciones españolas contribuyen a normalizar sobre una pantalla una soberanía marroquí que internacionalmente no está reconocida.
Al mismo tiempo, el Congreso se acerca a una votación que obliga a España a mirar hacia su propia historia. El jueves está previsto que el Pleno se pronuncie sobre el dictamen de la proposición de ley de nacionalidad española para los saharauis nacidos bajo administración española y sus descendientes. Ayer surgieron informaciones sobre un posible intento socialista de retrasar la votación, aunque Sumar aseguró después que el PSOE mantiene su apoyo a la iniciativa. Habrá que seguir hoy los movimientos parlamentarios, pero conviene no perder de vista lo esencial: esta ley no nace de la crisis de Ceuta ni debe convertirse en una represalia contra Marruecos. Nace de una responsabilidad española que lleva medio siglo sin resolverse.
Y todo esto ocurre mientras la relación con Rabat atraviesa una nueva fractura con la opinión pública. Una encuesta de 40dB publicada por EL PAÍS muestra que el 89% de los españoles atribuye al Gobierno marroquí mucha o bastante responsabilidad en la entrada masiva de finales de julio en Ceuta. La encuesta no determina jurídicamente lo sucedido, pero sí revela una distancia enorme entre la cautela de Moncloa hacia Marruecos y lo que percibe la sociedad española. Esa distancia importa también para el Sáhara Occidental, porque fue precisamente la búsqueda de una relación estable con Rabat la que sirvió de argumento político para justificar el giro español de 2022.
Cuatro años después, el Sáhara continúa sin desaparecer. Aparece cuando una empresa pública coloca El Aaiún bajo la palabra Marruecos; cuando otra entidad estatal reproduce esa misma geografía; cuando el Congreso debe decidir qué respuesta ofrece a quienes nacieron saharauis bajo administración española; y cuando vuelve a comprobarse que las concesiones realizadas a Rabat no han eliminado las crisis bilaterales. El Sáhara Occidental sigue regresando porque nunca dejó de estar pendiente.
España puede necesitar una relación estable con Marruecos, pero esa estabilidad no debería construirse borrando al pueblo saharaui de los mapas, subordinando una reparación histórica a los cálculos con Rabat o tratando como resuelta una descolonización que sigue abierta. Quizá esa sea la cuestión que atraviesa toda esta semana: hasta cuándo puede sostenerse una política que pretende normalizar hacia fuera lo que España todavía no ha resuelto hacia dentro.
Lecturas destacadas
AENA sitúa El Aaiún y Dajla en Marruecos pese al estatus del Sáhara Occidental
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El 89% de los españoles responsabiliza a Marruecos de la crisis de Ceuta mientras Sánchez sigue diciendo que no hay pruebas
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