La eurodiputada de Sumar denuncia el doble rasero del Gobierno español ante el Sáhara Occidental y reclama coherencia con el derecho internacional, la autodeterminación y las resoluciones de Naciones Unidas

La eurodiputada de Sumar Estrella Galán ha situado la propuesta de reconocimiento de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española y a sus descendientes como un primer paso necesario para saldar una deuda histórica que España mantiene abierta con el pueblo saharaui.

En un artículo publicado este 28 de junio en INFOLIBRE, Galán denuncia la contradicción de un Gobierno español que invoca con firmeza el derecho internacional en escenarios como Gaza, Ucrania o Irán, mientras mantiene una posición ambigua y contraria a la legalidad internacional en el caso del Sáhara Occidental. Su reflexión apunta directamente al ala socialista del Ejecutivo y al giro adoptado por Pedro Sánchez en 2022, cuando respaldó el plan de autonomía marroquí sin debate parlamentario ni explicación suficiente.

La importancia política del texto no está solo en la defensa de la Ley de Nacionalidad Saharaui. Está, sobre todo, en que vuelve a colocar en el centro una cuestión que España intenta administrar como un expediente incómodo: el Sáhara Occidental no es un asunto cerrado, ni una herencia lejana, ni una cuestión humanitaria aislada. Es una descolonización pendiente, una responsabilidad histórica española y una prueba de coherencia democrática.

Galán recuerda que España fue la potencia administradora del Sáhara Occidental y que los Acuerdos de Madrid de 1975 no fueron reconocidos por Naciones Unidas ni modificaron el estatus jurídico del territorio. Esa afirmación es clave: España abandonó el territorio, pero no hizo desaparecer su responsabilidad. El Sáhara Occidental continúa siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización y el pueblo saharaui sigue teniendo reconocido su derecho a decidir libremente su futuro.

El artículo llega además en un momento especialmente significativo. La proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1976 y a sus descendientes ha entrado en una fase decisiva tras meses de bloqueo parlamentario. La convocatoria de la ponencia en el Congreso y el acercamiento entre Sumar y el PSOE han reabierto una posibilidad que llevaba demasiado tiempo paralizada.

Para Galán, reconocer la nacionalidad no es un gesto simbólico ni una concesión política menor. Es una medida de justicia histórica y reparación efectiva hacia personas que quedaron en una situación de desamparo como consecuencia directa de decisiones del Estado español. También supone ofrecer seguridad jurídica, acceso a derechos y reconocimiento a quienes mantienen un vínculo histórico, jurídico y político con España.

Pero la eurodiputada introduce un matiz fundamental: la nacionalidad no sustituye al derecho de autodeterminación. Puede ser un primer paso, urgente y necesario, pero no puede convertirse en una coartada para olvidar la cuestión de fondo. España no puede reparar parcialmente una injusticia mientras sigue relativizando el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro.

Ahí está el núcleo del debate. El problema no es solo administrativo. No se trata únicamente de resolver expedientes de nacionalidad, aunque eso sea imprescindible. Se trata de saber si España está dispuesta a recuperar una política exterior coherente con el derecho internacional o si seguirá aplicando sus principios según convenga en cada escenario.

La reflexión de Estrella Galán vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda: no se puede exigir respeto al derecho internacional en unos conflictos y renunciar a él cuando se habla del Sáhara Occidental. No se puede denunciar unas ocupaciones y normalizar otras. No se puede hablar de legalidad internacional, derechos humanos y descolonización mientras se mantiene una posición de ambigüedad calculada ante la última colonia de África.

La Ley de Nacionalidad Saharaui puede ser una oportunidad para empezar a reparar parte de esa deuda. Pero la deuda completa sigue siendo política, histórica y jurídica: defender sin ambigüedades el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y volver al marco de Naciones Unidas, no al marco impuesto por Marruecos.

España debe actuar ya. Aprobar la ley sería un paso importante. Rectificar el giro de 2022 sería una obligación democrática. Y defender el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro sería, simplemente, cumplir con aquello que España dice defender cuando mira a otros lugares del mundo.

Porque el derecho internacional no puede ser una herramienta de conveniencia. O se defiende siempre, también en el Sáhara Occidental, o deja de ser un principio.