Carlos C. García – Plataforma NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado incorpora en su Informe 2026 un amplio estudio sobre el desplazamiento forzado de la población saharaui y el traslado de colonos al territorio ocupado, analizando ambos procesos a la luz del derecho internacional.
Durante años, la cuestión del Sáhara Occidental se ha explicado casi siempre desde la óptica diplomática o política. Sin embargo, el Informe 2026 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR): Las personas refugiadas en España y Europa dedica un extenso capítulo a un aspecto esencial para comprender el conflicto: cómo se produjo el desplazamiento forzado de decenas de miles de saharauis y cómo, paralelamente, se transformó la composición demográfica del territorio ocupado. El estudio, elaborado por el jurista José Revert Calabuig, ofrece una lectura apoyada en el derecho internacional, la jurisprudencia y la documentación histórica.
El trabajo recuerda que, tras la invasión marroquí de 1975, miles de familias saharauis abandonaron sus hogares buscando refugio en el interior del desierto. Aquellos campamentos improvisados tampoco fueron seguros: los bombardeos sobre zonas como Um Dreiga obligaron a buena parte de la población civil a cruzar la frontera hacia Argelia, donde surgirían los actuales campamentos de refugiados de Tinduf. Medio siglo después, varias generaciones continúan viviendo allí, convertidas en refugiadas de larga duración.
Pero el informe no se limita a reconstruir el éxodo. También analiza un proceso paralelo que ha recibido mucha menos atención pública: el asentamiento progresivo de población marroquí en el Sáhara Occidental ocupado. Según expone el estudio, Rabat impulsó políticas destinadas a favorecer ese traslado mediante incentivos económicos, ayudas y adjudicación de viviendas y parcelas, modificando de manera profunda la realidad demográfica del territorio.
Las cifras invitan a reflexionar. El censo español de 1974 registró 73.497 saharauis en el territorio. En cambio, el último censo elaborado por Marruecos en 2024 sitúa la población residente en la parte ocupada en torno a 600.000 personas. El propio informe señala que este crecimiento no puede entenderse sin tener en cuenta las políticas de colonización demográfica desarrolladas durante décadas y recuerda que, según datos aportados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la población de origen saharaui sería actualmente minoritaria en relación con el conjunto de residentes.
La cuestión central que plantea el estudio es de enorme trascendencia jurídica: ¿puede una potencia ocupante alterar deliberadamente la composición de la población de un territorio pendiente de descolonización? El análisis responde recurriendo al artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe tanto los traslados forzosos de la población protegida como el traslado de población civil de la potencia ocupante al territorio ocupado. El autor sostiene que estas normas resultan relevantes para examinar la situación del Sáhara Occidental.
El capítulo recuerda igualmente que el desplazamiento forzado no pertenece solo al pasado. Tras la ruptura del alto el fuego en 2020, nuevos ataques y bombardeos han provocado el abandono de zonas situadas al este del muro marroquí y el traslado de más familias hacia los campamentos de refugiados, agravando unas condiciones humanitarias ya muy difíciles. El propio informe cita el deterioro nutricional y las crecientes carencias que afectan a esa población desplazada.
Todo ello convierte este trabajo en una aportación especialmente valiosa para entender que el conflicto saharaui no es únicamente una disputa diplomática. También es una cuestión relacionada con los derechos de las personas desplazadas, la protección de la población civil y el respeto al derecho internacional humanitario.
Quizá la pregunta más incómoda que deja sobre la mesa sea también la más sencilla: ¿qué ocurre con el derecho de autodeterminación cuando la población originaria ha sido expulsada en gran parte de su territorio mientras se favorece el asentamiento de cientos de miles de nuevos residentes? El informe no pretende sustituir el debate político, pero sí aporta elementos jurídicos e históricos que ayudan a comprender una de las transformaciones más profundas experimentadas por el Sáhara Occidental en los últimos cincuenta años.