Victoria G. Corera lee el informe de la ELDH sobre el Sáhara Occidental como una advertencia jurídica y política: las violaciones de derechos humanos no aparecen como hechos aislados, sino como parte de un patrón prolongado de ocupación, silencio e impunidad
Victoria G. Corera lee el informe de la ELDH sobre el Sáhara Occidental como una advertencia jurídica y política: las violaciones de derechos humanos no aparecen como hechos aislados, sino como parte de un patrón prolongado de ocupación, silencio e impunidadPor Victoria G. Corera
Hay informes que no se pueden leer deprisa. No porque sean difíciles, sino porque obligan a detenerse. El informe de la European Association of Lawyers for Democracy and Human Rights sobre el Sáhara Occidental, titulado “Fifty Years Under Occupation”, pertenece a esa categoría: no es un documento para citar de pasada, sino para leer, subrayar, discutir y convertir en herramienta política, jurídica y solidaria.
En una primera lectura, el informe impacta por su amplitud. Recorre el estatuto jurídico del Sáhara Occidental, la ocupación marroquí, la ausencia del referéndum, la falta de mandato de derechos humanos de la MINURSO, la represión contra activistas, periodistas, abogados, mujeres, estudiantes, presos políticos y defensores de derechos humanos. Pero en una segunda lectura aparece con más claridad su tesis de fondo: lo que ocurre en el Sáhara Occidental ocupado no puede explicarse como una suma de abusos puntuales. El informe habla de patrones.
Esa palabra es decisiva. Patrón significa repetición. Significa continuidad. Significa que las detenciones arbitrarias, las confesiones bajo tortura, los juicios sin garantías, las restricciones a la libertad de expresión, la vigilancia, la criminalización de la identidad saharaui, el castigo a las familias, la explotación de recursos naturales y la transformación demográfica del territorio no aparecen como accidentes separados, sino como piezas de un mismo mecanismo de control.
El informe lo plantea con una claridad incómoda: la situación de derechos humanos en el Sáhara Occidental no puede separarse del hecho principal, que es la ocupación y la negación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Allí donde se bloquea un derecho colectivo reconocido por el derecho internacional, aparecen también formas concretas de represión sobre las personas que lo defienden. La ocupación no es solo una categoría política; tiene efectos diarios sobre cuerpos, familias, casas, empleos, escuelas, cárceles y calles.
Uno de los elementos más graves del informe es la continuidad histórica de la represión. Desde las desapariciones forzadas tras 1975 hasta la represión de la Intifada saharaui de 2005, desde Gdeim Izik hasta las formas actuales de vigilancia y control, el documento muestra una evolución de los métodos, pero no una desaparición del objetivo. Antes la violencia podía ser más visible; ahora, muchas veces, se vuelve más administrativa, judicial, digital, económica o social. Pero el resultado sigue siendo el mismo: limitar la expresión política saharaui y aislar a quienes sostienen la memoria, la denuncia y la reivindicación nacional.
Gdeim Izik ocupa un lugar central en esa lectura. No solo como campamento de protesta y símbolo de movilización colectiva, sino como ejemplo de cómo una demanda social y política puede ser respondida mediante criminalización, tortura, condenas, traslados lejanos y castigo prolongado. El informe recuerda que los casos vinculados a Gdeim Izik siguen siendo una referencia imprescindible para entender la utilización del sistema penal contra el activismo saharaui.
También resulta especialmente relevante la atención dedicada a los presos políticos saharauis, a las condiciones penitenciarias, a la negligencia médica, a las huelgas de hambre y a los traslados a cárceles alejadas del Sáhara Occidental. Ese alejamiento no castiga solo al preso. Castiga también a madres, padres, esposas, hijos y familiares que deben recorrer cientos de kilómetros para visitas breves, difíciles o directamente imposibles. Es una forma de prolongar la pena más allá de la persona encarcelada.
Otro eje fundamental es la ausencia de vigilancia internacional independiente. La MINURSO nació para organizar un referéndum que nunca se celebró y sigue sin tener mandato de derechos humanos. Esa anomalía atraviesa todo el informe. En un territorio no autónomo pendiente de descolonización, bajo ocupación efectiva y con denuncias persistentes de violaciones graves, no existe un mecanismo permanente de observación, investigación y rendición pública de cuentas. Esa ausencia no es neutral: favorece la impunidad.
La ELDH también dedica atención a la represión de la sociedad civil, de los medios saharauis, de los abogados y de quienes intentan documentar lo que ocurre. La falta de registro de asociaciones, las campañas de difamación, la vigilancia, la expulsión o bloqueo de observadores internacionales y la persecución de periodistas forman parte de un mismo cerco: impedir que el Sáhara Occidental ocupado pueda contar su propia realidad ante el mundo.
El informe va más allá de la represión directa y entra en un terreno clave: la transformación estructural del territorio. Habla de discriminación económica y social, políticas de asentamiento, ingeniería demográfica, control de los recursos naturales, pesca, fosfatos, agricultura, energías renovables, turismo y empleo. Esta parte es esencial porque ayuda a comprender que la ocupación no se mantiene solo con policía o cárceles. También se mantiene cambiando el territorio, alterando su población, explotando sus recursos y presentando esa transformación como desarrollo.
Por eso el informe resulta tan incómodo para quienes quieren reducir el Sáhara Occidental a una cuestión diplomática. No estamos solo ante una disputa congelada, sino ante un proceso activo de ocupación, control y normalización. Cada mina explotada sin consentimiento saharaui, cada acuerdo económico que ignora el estatuto separado del territorio, cada proyecto turístico en Dajla ocupada, cada campaña que presenta el Sáhara Occidental como parte de Marruecos, forma parte de esa normalización.
La lectura de Victoria G. Corera subraya precisamente eso: el informe de la ELDH no debe quedarse en una biblioteca jurídica ni en un enlace compartido entre especialistas. Debe entrar en el trabajo cotidiano del movimiento solidario, en los artículos, en las charlas, en las preguntas parlamentarias, en las campañas, en las universidades y en los medios. Porque aporta lenguaje, estructura y argumentos para explicar lo que muchas víctimas, activistas y familias saharauis llevan décadas denunciando.
No basta con decir que hay violaciones de derechos humanos. Hay que explicar cómo se relacionan entre sí. No basta con mencionar presos políticos. Hay que explicar el sistema judicial que los condena y el sistema penitenciario que los aísla. No basta con denunciar el expolio de recursos. Hay que vincularlo al derecho de autodeterminación y al consentimiento del pueblo saharaui. No basta con hablar de silencio internacional. Hay que señalar quién se beneficia de ese silencio.
En ese sentido, “Cincuenta años bajo ocupación” es una lectura imprescindible porque ordena una realidad dispersa por la urgencia diaria. Y la ordena con una conclusión que debería pesar en Naciones Unidas, en la Unión Europea, en España y en cualquier espacio democrático: el Sáhara Occidental necesita justicia, vigilancia internacional, rendición de cuentas y una solución basada en el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro.
Leer este informe es mirar de frente lo que demasiadas veces se intenta tapar con fórmulas diplomáticas. El Sáhara Occidental no está simplemente pendiente. Está ocupado. Y durante cincuenta años esa ocupación ha producido víctimas, presos, exilio, silencios, expolio, miedo, resistencia y memoria.
Por eso hay que leerlo. Y por eso hay que seguir leyéndolo.