El Congreso de los Diputados ha convocado para el próximo 30 de junio la ponencia que deberá elaborar el dictamen de la proposición de ley sobre la nacionalidad saharaui. Tras más de un año de bloqueo parlamentario, la iniciativa entra en su fase decisiva. Explicamos qué pretende la ley, quiénes podrían acogerse a ella y qué recorrido parlamentario le queda antes de una posible aprobación definitiva.

Durante meses, la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española permaneció prácticamente paralizada en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la convocatoria de la ponencia de la Comisión de Justicia para el próximo 30 de junio confirma que la iniciativa ha salido finalmente del bloqueo y entra en una etapa decisiva de su tramitación.

El cambio se produce después de varios meses de presión política por parte de Sumar y de otros grupos parlamentarios, así como de las recientes declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien afirmó públicamente que era «totalmente favorable» a la concesión de la nacionalidad a los saharauis nacidos durante la administración española.

Aunque la ley todavía no ha sido aprobada, el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar permite pensar que la iniciativa podrá continuar su recorrido parlamentario después de muchos meses de incertidumbre.

¿Qué pretende esta ley?

La proposición busca reconocer el derecho a acceder a la nacionalidad española a las personas nacidas en el Sáhara Occidental cuando el territorio estaba administrado por España, antes del 26 de febrero de 1976.

Además, la iniciativa contempla extender ese derecho a sus descendientes en los términos que finalmente apruebe el Parlamento.

El objetivo declarado de la norma es reparar una situación histórica derivada del proceso de descolonización inconcluso del Sáhara Occidental y de la retirada española del territorio.

¿Quiénes podrían beneficiarse?

Si el texto mantiene el contenido conocido hasta ahora, la ley beneficiaría principalmente a:

• Los saharauis nacidos bajo administración española antes de 1976.
• Sus hijos y descendientes directos, conforme determine el texto definitivo.
• Otros ciudadanos saharauis residentes legalmente en España, para quienes la proposición plantea facilitar el acceso a la nacionalidad reduciendo el plazo de residencia exigido con respecto al régimen general.

No se trata, por tanto, de una concesión automática de la nacionalidad a toda la población saharaui, sino de un procedimiento específico para quienes reúnan las condiciones previstas por la ley.

¿Qué cambiaría respecto a la situación actual?

Actualmente, muchos saharauis encuentran importantes dificultades para acceder a la nacionalidad española pese a haber nacido cuando el Sáhara Occidental era administrado por España o mantener vínculos históricos con nuestro país.

La nueva ley pretende ofrecer un marco jurídico específico para resolver esa situación y reconocer una realidad histórica singular que no afecta a ningún otro territorio.

Uno de los aspectos que todavía deberá concretarse durante la tramitación será la forma de acreditar el derecho a acogerse a la ley y la documentación que podrá presentarse en cada caso.

¿Qué pasos quedan ahora?

La reunión de la ponencia prevista para el 30 de junio deberá estudiar las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios y elaborar un dictamen.

Posteriormente, ese texto será debatido en la Comisión de Justicia y, si continúa su tramitación, pasará al Pleno del Congreso para su votación.

Diversas fuentes parlamentarias sitúan esa posible votación durante el mes de julio, aunque esa fecha todavía no ha sido confirmada oficialmente y dependerá del desarrollo de la tramitación parlamentaria.

En caso de ser aprobada por el Congreso, la iniciativa deberá completar el procedimiento legislativo previsto antes de su entrada en vigor.

Una cronología de la ley

2024 — La proposición de ley inicia su tramitación parlamentaria.

2025-2026 — La iniciativa permanece bloqueada durante más de un año.

28 de abril de 2026 — Se celebra la primera reunión de la ponencia en la Comisión de Justicia.

25 de junio de 2026 — José Manuel Albares expresa públicamente su apoyo a la ley y niega que exista un bloqueo.

30 de junio de 2026 — Está convocada la ponencia que elaborará el dictamen de la proposición de ley.

Julio de 2026 — Si la tramitación continúa según lo previsto, el texto podría llegar al Pleno del Congreso para su debate y votación.

Mucho más que una cuestión administrativa

Más allá del procedimiento parlamentario, la Ley de Nacionalidad Saharaui posee una evidente dimensión histórica y política. Para miles de familias supone el reconocimiento de un vínculo jurídico con España que quedó sin resolver tras el final de la administración española del territorio.

Por ese motivo, la reunión del próximo 30 de junio no representa el final del proceso, pero sí el paso más importante dado hasta ahora para que una iniciativa bloqueada durante meses pueda convertirse finalmente en ley.