Algo está cambiando en América Latina alrededor del Sáhara Occidental. No es un movimiento uniforme ni puede explicarse solamente mediante la vieja división entre izquierdas y derechas, pero
Marruecos está consiguiendo avances diplomáticos importantes en una región donde durante décadas la causa saharaui encontró algunos de sus apoyos internacionales más sólidos.
Colombia acaba de ofrecer el ejemplo más rotundo. Apenas iniciado el Gobierno de Abelardo de la Espriella, Bogotá congeló sus relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática y fue más lejos: reconoció expresamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. El cambio revierte la política del Gobierno de Gustavo Petro y se acompaña de una voluntad declarada de ampliar la cooperación con Marruecos en comercio, inversiones, seguridad alimentaria, infraestructuras portuarias y conectividad atlántica.
Sería un error contemplar Colombia como una excepción. Ecuador suspendió en 2024 su reconocimiento de la RASD; Bolivia suspendió sus relaciones con la República Saharaui en febrero de 2026 mientras restablecía plenamente sus vínculos con Rabat; Honduras anunció otro movimiento similar en abril, y el nuevo Gobierno peruano ha expresado abiertamente su apoyo a las posiciones marroquíes sobre el territorio.
No hace falta imaginar conspiraciones ni buscar un contrato secreto que intercambie fertilizantes por reconocimientos diplomáticos. La política internacional suele funcionar de forma bastante menos rudimentaria. Lo que sí merece atención es la coincidencia entre estos avances y una estrategia marroquí que ofrece cooperación económica, inversiones, mercados, conexiones logísticas y oportunidades comerciales mientras sitúa el Sáhara Occidental en el centro de su relación exterior.
Lo que hoy parece una sucesión de giros nacionales llevaba años preparándose también en los espacios regionales latinoamericanos. En junio de 2022, la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (PLACSO) ya advertía al Parlamento Andino de los intentos de Marruecos por conseguir apoyos institucionales a su posición sobre el Sáhara Occidental. La advertencia resulta especialmente significativa vista desde 2026: entre los países que entonces mantenían relaciones, reconocimiento o procesos de acercamiento a la República Saharaui estaban precisamente Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Honduras, varios de los que después han modificado su posición en favor de Rabat.
Tres años más tarde, en 2025, un plenario del Parlamento Andino se celebró en Marruecos y su presidente presentó al reino como un “puente estratégico entre África, Europa y América Latina”. Una delegación parlamentaria viajó además a El Aaiún ocupado en una visita organizada bajo el marco político y administrativo marroquí. No demuestra por sí solo que exista una estrategia coordinada detrás de cada cambio de Gobierno, pero sí permite observar una continuidad: Marruecos no se limita a reaccionar ante los nuevos escenarios políticos latinoamericanos. Lleva años construyendo relaciones, ocupando espacios institucionales y asociando su causa territorial a una oferta mucho más atractiva para sus interlocutores: comercio, cooperación y acceso a África.
Chile permite comprobar hasta qué punto ese relato ha calado. Santiago está profundizando rápidamente sus relaciones económicas con Rabat y ha iniciado conversaciones hacia el que sería su primer acuerdo comercial con un país africano. Al justificar ese acercamiento, el Gobierno chileno ha recurrido prácticamente a la misma idea que apareció un año antes en el Parlamento Andino: Marruecos como «puerta de entrada» al continente africano.
La lógica comercial se entiende. Marruecos dispone de puertos, conexiones internacionales, redes empresariales y una creciente presencia económica en distintos países africanos. Pero aceptar esa utilidad logística no obliga a aceptar el relato político que la acompaña.
Porque Marruecos está en África, pero Marruecos no es África.
África son decenas de Estados, intereses, proyectos políticos y sociedades distintas. Y hay algo especialmente incómodo para ese discurso de Rabat: la República Árabe Saharaui Democrática también está en África y es miembro de pleno derecho de la Unión Africana, exactamente igual que Marruecos. Presentar a Rabat como intermediario natural entre América Latina y África corre el riesgo de reducir todo un continente a los intereses exteriores de uno de sus Estados.
Chile ofrece además otra pista. Buena parte de sus importaciones desde Marruecos está vinculada a fertilizantes fosfatados, un producto estratégico para una economía agrícola exportadora. Eso no permite afirmar que la política chilena sobre el Sáhara Occidental esté comprada con fosfatos, ni tampoco que esos fertilizantes procedan necesariamente de las minas del territorio ocupado. Pero sí recuerda que las posiciones diplomáticas nunca se forman en un vacío económico.
Frente al avance marroquí continúa existiendo otra América Latina. México mantiene relaciones con la República Saharaui y sigue defendiendo en Naciones Unidas el derecho de autodeterminación; Venezuela mantiene incluso un embajador acreditado ante la RASD; Cuba ha reiterado este mismo año su apoyo a la autodeterminación y Uruguay conserva una tradición política claramente solidaria con el pueblo saharaui.
Brasil es quizá el ejemplo más claro de esa zona intermedia. No reconoce a la República Saharaui, mantiene una relación económica importante con Marruecos y ha ido utilizando un lenguaje cada vez más favorable a los “esfuerzos” marroquíes y a su propuesta de autonomía, pero continúa situando formalmente la solución dentro del proceso de Naciones Unidas. Hay, además, una diferencia fundamental respecto a otros países latinoamericanos: Brasil posee desde hace décadas una política africana propia, relaciones directas con numerosas capitales del continente y ambiciones de potencia del Sur Global. Puede considerar a Marruecos un socio comercial y una plataforma útil —la propia administración brasileña destaca su conexión económica con Europa y con el resto de África—, pero difícilmente necesita aceptar que Rabat sea su puerta de entrada a un continente en el que Brasilia lleva mucho tiempo entrando por muchas otras puertas.
Argentina presenta una paradoja diferente. Un Gobierno ideológicamente próximo a algunas de las fuerzas que hoy respaldan a Marruecos podría sentirse tentado a acompañar ese movimiento, pero la cuestión de las Malvinas introduce un condicionante estructural que va mucho más allá del Gobierno de turno. Buenos Aires ha construido durante décadas una parte esencial de su política exterior alrededor de Naciones Unidas, la descolonización y la defensa de su reivindicación territorial frente al Reino Unido. Eso no significa que Argentina considere idénticos los casos de Malvinas y del Sáhara Occidental —de hecho, sostiene expresamente que el principio de autodeterminación no es aplicable a Malvinas por las características particulares de aquella disputa—, pero sí hace políticamente delicado avalar sin más que un Estado pueda dar por resuelta unilateralmente una cuestión territorial todavía inscrita en la agenda de descolonización de Naciones Unidas. La diplomacia argentina ha defendido tradicionalmente para el Sáhara una solución negociada en el marco de la ONU.
Chile muestra una tercera contradicción. Nunca ha reconocido formalmente a la RASD, aunque durante años han existido en el Parlamento, los partidos y la sociedad civil posiciones muy favorables a la autodeterminación saharaui. Al mismo tiempo, sus relaciones económicas con Marruecos están creciendo con rapidez: en 2025 el intercambio bilateral alcanzó los 80,2 millones de dólares, las importaciones chilenas superaron ampliamente a sus exportaciones y los fertilizantes fosfatados ocupan un lugar central; en 2026 ambos gobiernos han dado además el primer paso hacia el que podría convertirse en el primer acuerdo comercial de Chile con un país africano. Rabat ofrece fertilizantes, mercados y la promesa de servir como plataforma hacia África. Esa combinación no demuestra que Marruecos determine la política chilena sobre el Sáhara, pero ayuda a entender por qué Santiago se mueve con una prudencia que contrasta con la fuerza que la causa saharaui mantiene en una parte de la sociedad y de sus instituciones.
Pero esa complejidad no debería ocultar lo esencial: Marruecos está disputando activamente el espacio latinoamericano al movimiento de solidaridad saharaui y a la propia diplomacia de la República Saharaui. Y parece haber comprendido muy bien qué puede ofrecer: negocios, cooperación, fertilizantes, mercados, puertos y la promesa de acceso a África.
El problema comienza cuando ese intercambio diplomático exige olvidar qué es el Sáhara Occidental.
Ningún acuerdo comercial puede borrar que sigue siendo un territorio pendiente de descolonización. Ningún cambio de Gobierno latinoamericano modifica el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Y ningún reconocimiento unilateral convierte la ocupación en soberanía.
Marruecos puede ganar gobiernos. Puede conseguir declaraciones, congelaciones de relaciones y nuevos socios comerciales. Puede incluso conseguir que algunos países latinoamericanos miren África desde Rabat.
Pero tampoco debería confundirse una sucesión de victorias diplomáticas con una derrota definitiva de la causa saharaui en América Latina. Siguen existiendo Estados que reconocen a la República Saharaui, gobiernos que defienden la autodeterminación, parlamentos, partidos, sindicatos, universidades y movimientos sociales donde la solidaridad con el pueblo saharaui conserva raíces profundas. Y hay algo más: los gobiernos cambian. Las decisiones diplomáticas que hoy acercan un país a Rabat pueden ser revisadas mañana, como demuestra la propia historia latinoamericana de reconocimientos, suspensiones y restablecimientos de relaciones con la RASD.
La diplomacia marroquí dispone hoy de recursos económicos y políticos muy superiores, pero todavía no ha conseguido lo esencial: que el Sáhara Occidental deje de ser una cuestión de descolonización pendiente ni que desaparezca la legitimidad internacional de la reivindicación saharaui. Ahí sigue estando, pese a todos los retrocesos, el principal límite de sus avances.
África no comienza ni termina en Marruecos. Y el Sáhara Occidental tampoco desaparece porque resulte incómodo para hacer negocios.
Después de cincuenta años de ocupación, quizá la pregunta ya no sea solamente qué está ofreciendo Marruecos en América Latina. También habrá que preguntar qué están dispuestos a olvidar algunos gobiernos para aceptar la oferta.