Más de 15,8 millones de electores están inscritos para elegir este miércoles los 395 miembros de la Cámara de Representantes marroquí. Las urnas determinan la composición del Parlamento y qué partido puede encabezar el próximo Gobierno, pero no ponen en juego todo el poder político del Reino. La propia Constitución reserva a Mohamed VI competencias decisivas sobre las grandes orientaciones estratégicas del Estado.

Marruecos celebra este 23 de septiembre sus elecciones legislativas. Según los datos oficiales, hay 15.801.162 personas inscritas para elegir los 395 diputados de la Cámara de Representantes. De ellos, 305 se eligen en circunscripciones locales y 90 en circunscripciones regionales, mediante sufragio directo por listas y representación proporcional. Esas elecciones se extienden también a las zonas del Sáhara Occidental administradas por Marruecos, como explicamos recientemente en ¿Cómo funciona el sistema electoral marroquí que incorpora el Sáhara Occidental ocupado a sus elecciones?.

Las elecciones tienen consecuencias reales. Los votantes deciden la composición de la Cámara y el artículo 47 de la Constitución obliga al rey a nombrar jefe del Gobierno a una persona perteneciente al partido que haya quedado primero. Pero ahí aparece una de las particularidades fundamentales del sistema: Mohamed VI no desempeña únicamente una función representativa. El rey preside el Consejo de Ministros, y este órgano decide sobre las orientaciones estratégicas de la política del Estado, cuestiones militares, nombramientos de embajadores, responsables de seguridad interior y dirigentes de organismos públicos estratégicos, entre otras materias.

Por eso, ganar las elecciones marroquíes no equivale a recibir el control completo de las principales decisiones estatales. El Gobierno dispone de competencias políticas, económicas y sociales y responde ante el Parlamento, pero la Constitución conserva un espacio político propio para la Corona en materias especialmente sensibles. Esta estructura resulta particularmente relevante para el Sáhara Occidental: la política exterior, la seguridad y las grandes decisiones relacionadas con el territorio no dependen simplemente de qué partido obtenga más diputados mañana.

Hay otras peculiaridades menos conocidas. El censo electoral no coincide automáticamente con toda la población adulta: las listas han pasado previamente por un proceso específico de inscripción y revisión. Los propios datos oficiales muestran además una presencia especialmente baja de los jóvenes: quienes tienen entre 18 y 24 años representan únicamente el 4 % de los inscritos. Para los marroquíes residentes en el extranjero existe otra singularidad: quienes están inscritos pueden votar por procuración, encargando su voto a otro elector registrado en Marruecos.

El propio diseño de la Cámara introduce además diferencias entre las circunscripciones. Los 90 escaños regionales de estas elecciones están reservados a candidaturas de mujeres; para ellos se han presentado 235 listas con 1.783 candidatas. En total concurren 1.850 listas y 7.288 candidaturas, según el balance oficial publicado por Rabat. Las urnas ofrecen, por tanto, una competición política amplia dentro de los límites establecidos por el propio sistema.

Y ese último matiz resulta esencial cuando trasladamos las elecciones al Sáhara Occidental. Marruecos permite competir por los escaños que atribuye al territorio dentro de sus instituciones, pero esas urnas no permiten decidir el estatuto internacional del Sáhara Occidental. El electorado puede escoger entre candidaturas admitidas por el sistema marroquí; no está votando entre integración, autonomía o independencia. Por eso unas elecciones legislativas y el ejercicio del derecho de autodeterminación son procesos diferentes, aunque Rabat incluya administrativamente las zonas que controla dentro de su mapa electoral.

Mañana conoceremos qué partidos obtienen más representación y quién queda en condiciones de encabezar el nuevo Gobierno. Pero para entender lo que realmente cambia —y lo que no cambia— conviene mirar más allá del recuento: Marruecos elige Parlamento y Gobierno dentro de un sistema en el que la Corona conserva las grandes decisiones estratégicas, mientras el Sáhara Occidental permanece incorporado a unas elecciones que no deciden sobre su futuro político.