Uno de los pilares de la propaganda marroquí consiste en presentarse como la “potencia administradora” del Sáhara Occidental, una fórmula engañosa que pretende vestir de legalidad una realidad cruda: Marruecos no administra el territorio, lo ocupa. Esta narrativa no solo es falsa desde el punto de vista jurídico, sino que forma parte de una estrategia política bien calculada para consolidar la presencia marroquí, silenciar el derecho del pueblo saharaui y aliviar la presión internacional sobre España, que sigue siendo la potencia administradora de iure.
“Marruecos no administra el territorio, lo ocupa”
El relato de Marruecos como “potencia administradora” sirve para encubrir la naturaleza colonial de su presencia, justificar acuerdos económicos ilegales sobre recursos naturales y bloquear el referéndum de autodeterminación. Al mismo tiempo, descarga a España de la presión internacional, permitiéndole alegar que “ya no es responsable” cuando en realidad lo es. Este doble juego beneficia tanto a Rabat como a Madrid, a costa de los derechos del pueblo saharaui. Así, la ocupación se normaliza en los despachos, en los tratados comerciales y en los discursos diplomáticos, mientras en el terreno se perpetúan la represión, el expolio y el desplazamiento forzoso.
“La ocupación se normaliza en los despachos mientras en el terreno se perpetúan la represión y el expolio”
No es casual que esta normalización llegue incluso al terreno cultural: la reciente visita del cineasta Christopher Nolan para rodar en Dajla —ciudad ocupada— ha sido presentada como un acto inocente de creación artística, cuando en realidad contribuye a blanquear la imagen de una ocupación que se pretende hacer invisible.
En términos políticos, la confusión deliberada entre “administración” y “ocupación” busca también desmovilizar la solidaridad internacional y sembrar resignación entre la población saharaui. Al aceptar implícitamente que Marruecos “administra” el territorio, se da por sentado que su control es un hecho irreversible, cuando en realidad es fruto de la fuerza militar y contrario al derecho internacional. Romper este relato es clave para mantener viva la exigencia de un referéndum libre y justo, y para recordar que la legalidad internacional sigue considerando a España la potencia administradora de iure.
“Aceptar que Marruecos ‘administra’ es aceptar como irreversible una ocupación ilegal”
Es cierto que el derecho internacional —y en particular las resoluciones de Naciones Unidas— han dejado claro que Marruecos no tiene ningún mandato para administrar el Sáhara Occidental. Pero limitar el debate a lo jurídico corre el riesgo de repetir un argumento ya conocido sin atacar el núcleo del problema: que este discurso es utilizado para construir una legitimidad política que Marruecos explota en todos los foros, mientras España se ampara en él para eludir su responsabilidad. La cuestión central no es quién figura en los documentos de la ONU, sino cómo se usa la mentira de la “administración” para sostener una ocupación.
En este sentido, la complicidad de empresas extranjeras que extraen fosfatos, arena o productos pesqueros sin el consentimiento del pueblo saharaui —como Siemens Gamesa, Enel Green Power o la naviera Continental— demuestra cómo el relato de “administración” abre la puerta al expolio económico sistemático.
“El relato de la ‘administración’ es la coartada para el expolio económico”
Marruecos necesita esta narrativa para ganar tiempo y profundizar en su proyecto de anexión. Cada año que pasa sin una solución real, el Majzén avanza en su plan de colonización demográfica, instala más infraestructuras de control militar, explota recursos sin consentimiento del pueblo saharaui y amplifica su influencia diplomática con campañas de propaganda bien financiadas. Si se acepta el lenguaje del ocupante, se legitima su presencia; si se desmantela esa ficción, se socavan sus fundamentos políticos.
Por eso es urgente que el movimiento solidario, las organizaciones internacionales y la opinión pública desmonten esta trampa. Marruecos no administra: ocupa, reprime y explota. Y España, guste o no en Madrid, sigue siendo la potencia administradora obligada a garantizar el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Negar esta responsabilidad o diluirla en tecnicismos no solo es cobarde: es complicidad activa con la ocupación.
“Negar la responsabilidad de España no es neutralidad: es complicidad”
PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»
