La próxima semana, el Pleno del Parlamento Europeo decidirá si objeta el reglamento delegado con el que Bruselas pretende adaptar los acuerdos comerciales UE-Marruecos a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La Comisión Europea lo presenta como un mero ajuste técnico sobre el etiquetado de origen de frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental; en realidad, se trata de un nuevo intento de incorporar al territorio ocupado en acuerdos comerciales sin contar con el consentimiento del pueblo saharaui.
La Comisión expuso la propuesta en la Comisión de Agricultura (AGRI) del Parlamento, pero el debate reveló una fractura institucional sin precedentes. Eurodiputados de casi todo el arco político —con la única excepción del grupo socialdemócrata— acusaron a Bruselas de ceder ante Marruecos, eludir deliberadamente las sentencias del TJUE y actuar como “la oficina comercial de Rabat”. Desde conservadores a Verdes, pasando por La Izquierda o los grupos ultraconservadores, la reacción fue prácticamente unánime: lo que propone la Comisión vulnera la legalidad europea y el derecho internacional.
La propuesta de Bruselas parte de una contradicción de base. El TJUE dejó claro que el Sáhara Occidental es un territorio “separado y distinto” de Marruecos y que no puede incluirse en acuerdos comerciales sin el consentimiento del pueblo saharaui. Si los productos agrícolas procedentes del Sáhara no pueden etiquetarse como “Marruecos”, es porque no forman parte de Marruecos. Sin embargo, la Comisión plantea sustituir el país de origen por dos denominaciones administrativas creadas por Rabat —“El Aaiún-Saguía el-Hamra” y “Dajla-Río de Oro”— evitando mencionar el nombre real del territorio: Sáhara Occidental. La Comisión reconoce incluso que esta “excepción” no deriva del Derecho europeo, sino de negociaciones directas y opacas con Marruecos.
A lo largo del debate, el malestar creció al punto de convertirse en un frente común contra la propia Comisión. Varios diputados señalaron el absurdo jurídico de construir una planta desalinizadora en el Sáhara Occidental para exportar tomates a la UE mientras se ignora a la población saharaui. Otros denunciaron que el nuevo etiquetado engaña al consumidor europeo, que no puede identificar de manera clara si un producto procede de un territorio pendiente de descolonización. Y muchos recordaron que una institución europea no puede “negociar” una sentencia del TJUE con un tercer país: las sentencias se cumplen, no se pactan.
El enfrentamiento llega en un momento especialmente delicado para Bruselas, que busca reforzar su relación estratégica con Marruecos en ámbitos como migración, energía o seguridad. La Comisión insiste en que su reforma intenta salvar los acuerdos anulados en 2024 por el TJUE, pero eurodiputados, juristas y organizaciones de consumidores sostienen que se trata, simplemente, de esquivar la jurisprudencia y pacificar a Rabat. Para muchos sectores agrícolas europeos, el problema es doble: además de la vulneración jurídica, la propuesta profundiza el desequilibrio competitivo en un mercado donde las exportaciones marroquíes —especialmente desde el Sáhara ocupado— llevan años en ascenso.
La tensión entre instituciones ha alcanzado tal nivel que varios eurodiputados hablan abiertamente de un choque político y jurídico sobre quién toma las decisiones en la UE. El presidente de la Comisión AGRI ha exigido explicaciones legales detalladas antes del martes, víspera del voto. Por su parte, el Frente Polisario ya ha advertido que, si el reglamento se aprueba, regresará al Tribunal de Justicia. ONG, organizaciones de consumidores y productores agrícolas europeos estudian también recursos legales.
La votación del Pleno —prevista para el 26 de noviembre— no es, por tanto, un trámite técnico. Es una prueba de si el Parlamento Europeo está dispuesto a sostener la legalidad internacional y su propio Tribunal, o si volverá a permitir que el Sáhara Occidental sea incorporado de facto a los acuerdos con Marruecos mediante fórmulas que maquillan lo esencial: sin el consentimiento del pueblo saharaui, cualquier acuerdo es nulo.
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