Lectura comentada del artículo de Carlos Cristóbal publicado este domingo en Noticias de Navarra: la memoria democrática española no puede detenerse en las fronteras actuales de España cuando una parte de la represión franquista se produjo bajo administración española en el Sáhara Occidental.
Cuando hablamos en España de memoria democrática pensamos inevitablemente en fosas, archivos, desaparecidos, cárceles, consejos de guerra y víctimas de la represión franquista. Es lógico. Pero hay una parte de aquella historia que continúa casi siempre fuera del relato: el franquismo no actuó únicamente dentro de las fronteras actuales de España. También fue una potencia colonial.
Este domingo, Noticias de Navarra publica una tribuna que parte de la apertura del Palacio de Rozalejo como nueva sede del Instituto Navarro de la Memoria para plantear precisamente esa pregunta: ¿puede la memoria democrática española detenerse en la Península cuando hubo ciudadanos saharauis perseguidos, detenidos y asesinados bajo bandera, administración, policía y ejército españoles?
El nombre de Mohamed Sidi Brahim Basiri resume buena parte de esa deuda. Detenido después de la represión del Grito de Zemla, el 17 de junio de 1970, nunca volvió a aparecer. Más de cincuenta y seis años después seguimos sin saber dónde está su cuerpo ni quién ordenó acabar con él. Una investigación reciente de la historiadora Gemma Esteban Dorronzoro ha incorporado nuevos testimonios sobre lo sucedido tras su detención y ha vuelto a colocar aquella desaparición bajo responsabilidad española delante de nosotros.
Pero reducir esta historia a Basiri sería insuficiente. Zemla dejó muertos, heridos y detenidos, y la administración colonial española vigiló y reprimió a saharauis que comenzaban a organizarse políticamente mientras Naciones Unidas reclamaba ya que la población del territorio pudiera decidir su futuro.
Ahí está la cuestión que plantea el artículo publicado hoy. Si la Ley de Memoria Democrática reconoce como víctimas a quienes sufrieron persecución o violencia durante la dictadura con independencia de su nacionalidad, resulta difícil explicar por qué quienes padecieron aquella misma dictadura en el Sáhara Occidental siguen ocupando un lugar tan pequeño en nuestra memoria colectiva.
No se trata de incorporar artificialmente al Sáhara Occidental a una historia española que le resulte ajena. Es exactamente al contrario. España administró el territorio, documentó a sus habitantes, ejerció sobre ellos su autoridad y finalmente se marchó sin completar la descolonización. Esa historia también nos pertenece, aunque durante demasiado tiempo hayamos preferido mirar hacia otro lado.
Navarra ofrece además un escenario especialmente significativo para abrir esa conversación. Durante décadas ha construido una estrecha relación con el pueblo saharaui a través de Vacaciones en Paz, las asociaciones solidarias y cientos de vínculos familiares y personales. Quizá esa solidaridad pueda extenderse también a algo que todavía falta: incorporar a las víctimas saharauis de la dictadura española a nuestra memoria democrática.
Hay archivos por abrir, testimonios por recoger y familias que siguen esperando respuestas. Hay que saber quién murió en Zemla, qué ocurrió con los detenidos y dónde acabó Basiri.
Porque la memoria democrática española no termina donde termina hoy el mapa de España.
Una parte de ella continúa también en el Sáhara Occidental.
