Victoria G. Corera lee el informe de la ELDH como una advertencia directa: no basta con renovar la MINURSO si la misión sigue sin mandato para vigilar, documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado.
Victoria G. Corera lee el informe de la ELDH como una advertencia directa: no basta con renovar la MINURSO si la misión sigue sin mandato para vigilar, documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado.Por Victoria G. Corera
Hay una idea que atraviesa el informe de la Asociación Europea de Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos sobre el Sáhara Occidental y que no debería pasar desapercibida: el problema no es solo que existan denuncias de represión, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, juicios sin garantías o persecución de activistas saharauis. El problema es que, además, el territorio sigue sin un mecanismo internacional permanente que pueda observar, documentar y denunciar lo que ocurre.
Esa ausencia no es un detalle técnico. Es una decisión política sostenida durante décadas. La MINURSO nació en 1991 con una promesa clara: organizar un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Treinta y cinco años después, el referéndum no se ha celebrado y la misión de Naciones Unidas sigue sin tener un mandato específico para vigilar los derechos humanos. En cualquier otro contexto, esta carencia sería escandalosa. En el Sáhara Occidental, se ha convertido en rutina.
El informe de la ELDH insiste en esa brecha de protección. Cuando no hay observadores internacionales con capacidad de entrar, escuchar, verificar y denunciar, las víctimas quedan más solas. Las familias de presos políticos quedan más solas. Las defensoras y defensores de derechos humanos quedan más expuestos. Los periodistas saharauis, los abogados, las asociaciones y quienes simplemente reclaman el derecho a existir como pueblo quedan sometidos a una presión que el mundo apenas ve.
Por eso esta tercera lectura del informe es tan importante. Porque ayuda a entender que la ocupación no funciona solo mediante la violencia visible. Funciona también mediante el aislamiento. Funciona cuando se impide el acceso a observadores, cuando se expulsa a delegaciones, cuando se bloquea la presencia de periodistas independientes, cuando se convierte cada denuncia en una palabra contra un muro de silencio.
La ELDH no presenta las violaciones de derechos humanos como episodios sueltos ni como excesos aislados. Las sitúa dentro de un sistema de control. Y en ese sistema, la falta de vigilancia internacional cumple una función decisiva: reduce el coste político de la represión. Lo que no se documenta, se niega. Lo que no se investiga, se archiva. Lo que no se ve, se convierte en propaganda.
El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización. Marruecos ejerce control efectivo sobre gran parte del territorio, pero no tiene soberanía reconocida internacionalmente sobre él. Esa diferencia jurídica es fundamental. No estamos ante una cuestión interna marroquí, sino ante un territorio no autónomo cuyo pueblo conserva intacto su derecho a la autodeterminación. Precisamente por eso resulta aún más grave que Naciones Unidas mantenga una misión sobre el terreno sin dotarla de herramientas reales para proteger a la población saharaui.
La pregunta es sencilla: ¿de qué sirve una misión internacional que no puede mirar los derechos humanos? ¿De qué sirve renovar año tras año un mandato que no afronta una de las dimensiones centrales de la ocupación? ¿De qué sirve hablar de proceso político mientras quienes defienden públicamente la autodeterminación pueden sufrir vigilancia, hostigamiento, detención o prisión?
Leer este informe es incómodo porque obliga a mirar el vacío que la comunidad internacional ha normalizado. No basta con hablar de negociaciones. No basta con repetir fórmulas diplomáticas. No basta con pedir una solución “realista” si al mismo tiempo se deja sin protección efectiva a quienes viven bajo ocupación.
La ELDH pone sobre la mesa una exigencia elemental: vigilancia independiente, rendición de cuentas, protección de víctimas y defensores de derechos humanos, y respeto al derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro. Nada de eso es maximalismo. Es el mínimo legal, político y humano que debería exigirse después de cincuenta años de ocupación.
Quizá no sea una lectura fácil ni una lectura de temporada. Pero es una lectura imprescindible. Porque el Sáhara Occidental no necesita más silencio administrado. Necesita verdad, observación internacional, justicia y descolonización.
Y este informe merece seguir leyéndose.