El presidente de la República Saharaui considera positiva cualquier medida que alivie la difícil situación de su pueblo, aunque reclama al PSOE y al resto de fuerzas políticas españolas que contribuyan a hacer efectiva la independencia del Sáhara Occidental.
La entrevista concedida por Brahim Ghali a Europa Press contiene una afirmación especialmente importante ante la próxima votación de la Ley de Nacionalidad Saharaui: el presidente de la República Saharaui no rechaza la iniciativa ni la considera incompatible con la lucha por la autodeterminación.
Ghali reconoce que, después de cincuenta años de resistencia, exilio y ocupación, pueden ser necesarias medidas que alivien la situación de las familias saharauis. “Toda iniciativa que beneficie al pueblo saharaui me parecerá bien”, afirma antes de advertir que ninguna reparación parcial debe eclipsar el objetivo fundamental: la autodeterminación y la independencia.
La posición tiene especial relevancia porque confirma algo que hemos defendido durante la tramitación parlamentaria: no existe una contradicción inevitable entre apoyar la nacionalidad española para quienes fueron abandonados por España y mantener intacto el derecho colectivo del pueblo saharaui a decidir su futuro.
La nacionalidad puede reparar situaciones concretas, reconocer vínculos jurídicos negados durante décadas y facilitar la vida de miles de personas. No resuelve, sin embargo, la ocupación del Sáhara Occidental ni sustituye la responsabilidad española en un proceso de descolonización que continúa pendiente.
Ghali marca con claridad esa diferencia. Considera que la ley puede paliar una situación extrema, pero señala que no es eso únicamente lo que los saharauis esperan del PSOE. Reclama tanto al partido que gobierna como al conjunto de las formaciones españolas que contribuyan de manera determinante al ejercicio efectivo de la autodeterminación y la independencia.
La entrevista aborda también la relación con el Gobierno de Pedro Sánchez. El dirigente saharaui confirma que permanece rota desde marzo de 2022, cuando el presidente español respaldó por carta la propuesta marroquí de autonomía. La condición necesaria para restablecerla —un cambio de la posición adoptada entonces— no se ha producido.
Ghali reprocha además al Ejecutivo español que no condenara el ataque marroquí del 7 de junio en el que murieron tres responsables saharauis. España, recuerda, no puede refugiarse en el silencio de otros países porque su responsabilidad respecto al Sáhara Occidental es diferente y debe ser mayor. Para el presidente de la RASD, continúa siendo la potencia administradora del territorio.
También deja abierta la cooperación con cualquier fuerza política española dispuesta a apoyar la autodeterminación. Un eventual cambio de posición impulsado por el PP no sería, según Ghali, una marcha atrás, sino el regreso de España al Derecho Internacional. Su aspiración es que la causa saharaui vuelva a ser un espacio de consenso político, sindical y social.
La entrevista desmonta así una falsa disyuntiva. Defender la Ley de Nacionalidad Saharaui no significa aceptar que la reparación individual sustituya a la solución política. Y reclamar la autodeterminación no obliga a rechazar una medida capaz de mejorar la vida de miles de saharauis.
La ley puede ser un paso positivo. La meta continúa siendo que el pueblo saharaui ejerza libremente el derecho que se le niega desde hace más de medio siglo.