Migraciones estudia fórmulas para acelerar expedientes que en algunos casos tardan años mientras continúa la polémica por la exclusión de los saharauis de la regularización extraordinaria
El Gobierno español ha reconocido públicamente la ralentización de los procedimientos de apatridia que afectan mayoritariamente a ciudadanos saharauis. La Secretaría de Estado de Migraciones estudia ahora mecanismos para acortar los plazos de tramitación después de semanas de críticas políticas y jurídicas por la exclusión de este colectivo del proceso extraordinario de regularización aprobado por el Ejecutivo.
La cuestión fue abordada en el Congreso durante una comparecencia de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, quien admitió que existen retrasos importantes en la resolución de expedientes y aseguró que el Gobierno analiza fórmulas para agilizar los procedimientos. El reconocimiento llega en un contexto de creciente presión por parte de organizaciones saharauis, abogados especializados y algunos grupos parlamentarios, que denuncian desde hace meses una situación de bloqueo administrativo que deja a miles de personas en una prolongada inseguridad jurídica.
El debate sobre la apatridia saharaui ha ganado peso político tras la aprobación de la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno, de la que finalmente quedaron fuera las personas solicitantes del estatuto de apátrida. Diversos colectivos denunciaron entonces que esa exclusión afectaba de forma directa y casi exclusiva a la población saharaui residente en España, históricamente vinculada al Estado español y atrapada desde hace décadas en un limbo legal derivado del conflicto del Sáhara Occidental.
Según explicó Cancela, algunos borradores iniciales contemplaban la inclusión de este colectivo en la regularización, pero el Consejo de Estado advirtió de que la apatridia dispone de un régimen jurídico específico regulado por normativa propia. Aun así, la secretaria de Estado reconoció que los retrasos actuales generan situaciones de vulnerabilidad difíciles de justificar.
En paralelo, abogados y asociaciones saharauis continúan alertando de que muchos expedientes pueden prolongarse durante años antes de obtener una resolución definitiva. La lentitud de estos procedimientos condiciona el acceso al empleo, la estabilidad administrativa y numerosos derechos básicos, además de alimentar una sensación de incertidumbre permanente entre quienes dependen del reconocimiento formal de su situación jurídica.
Más allá de la dimensión administrativa, el debate vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo que sigue sin resolverse: la situación singular de los saharauis en España. La antigua potencia administradora del Sáhara Occidental, y que lo sigue siendo, mantiene desde hace décadas una relación jurídica y política compleja con una población que continúa afectada por las consecuencias inacabadas del proceso de descolonización.
Mientras el Gobierno estudia ahora posibles soluciones técnicas para reducir los tiempos de espera, las organizaciones saharauis insisten en que el problema no puede abordarse únicamente como una cuestión burocrática. Para muchos afectados, la apatridia no es solo un trámite administrativo lento, sino la expresión directa de un conflicto político y jurídico que sigue pendiente de resolución.