Del Sáhara Occidental a Ceuta y del derecho internacional al Mundial 2030, Rabat actúa cada vez más como un poder convencido de que los hechos consumados tendrán pocas consecuencias.

Carlos C. García

Hay una frase de Ali Lmrabet que ayuda a ordenar muchas noticias que, contempladas por separado, parecen hablar de cosas distintas. El veterano periodista marroquí sostiene que el régimen cree que, con el apoyo de Donald Trump y de Israel, «nadie puede con él» y que está «envalentonado» para hacer lo que quiera. Lmrabet se refiere fundamentalmente a la represión interna y a la pérdida de libertades en Marruecos. Pero su intuición sirve también para mirar hacia fuera.

La impunidad no significa que nadie proteste. Marruecos recibe críticas, resoluciones internacionales, sentencias judiciales y condenas políticas. La verdadera sensación de impunidad aparece cuando un Gobierno comprueba que esas reacciones rara vez generan consecuencias suficientes para obligarle a cambiar de conducta. Cuando aprende que puede tensar la cuerda y que, pasado el momento de indignación, serán los demás quienes se preocupen por recuperar la normalidad.

El Sáhara Occidental constituye el ejemplo más evidente. Naciones Unidas continúa considerándolo un territorio pendiente de descolonización, el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación sigue reconocido y la Corte Internacional de Justicia no encontró en 1975 vínculos de soberanía marroquí capaces de impedir su ejercicio. Los tribunales europeos han reiterado además que Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios distintos y separados.

Nada de ello ha impedido que Rabat continúe intentando convertir cincuenta años de ocupación en una realidad irreversible.

Marruecos no ha conseguido modificar el derecho internacional. Ha conseguido algo quizá más útil: que determinados gobiernos actúen cada vez más como si los hechos consumados terminaran teniendo mayor peso que el derecho.

Ahí aparece la comparación con Israel. No porque Marruecos e Israel sean equivalentes ni porque lo sean Palestina y el Sáhara Occidental. La comparación está en la lógica de poder: cuando un Estado dispone de aliados capaces de proporcionarle protección política, militar y diplomática, puede llegar a concluir que incumplir el derecho internacional tiene un coste asumible.

Para Rabat, Estados Unidos e Israel han proporcionado además algo especialmente valioso. Donald Trump reconoció en 2020 la pretendida soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental e Israel hizo posteriormente lo mismo. Dos decisiones contrarias a la posición que Naciones Unidas mantiene sobre el territorio, pero extraordinariamente útiles para una estrategia marroquí basada precisamente en conseguir que otros Estados terminen aceptando políticamente lo que el proceso de descolonización no ha resuelto jurídicamente.

España ofrece quizá la demostración más incómoda de esa lógica.

En marzo de 2022, Pedro Sánchez cambió la posición española sobre el Sáhara Occidental y asumió la propuesta marroquí de autonomía como «la base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. Aquella decisión, de enorme valor político para Rabat, fue presentada como el comienzo de una nueva etapa: más confianza, estabilidad y cooperación entre ambos países.

España cedía precisamente en la gran prioridad estratégica de Marruecos.

Cuatro años después, la crisis de Ceuta obliga a mirar aquella decisión desde otro ángulo. La pregunta ya no es solamente si Sánchez acertó o se equivocó. Hay otra mucho más reveladora: si España hizo una concesión de semejante importancia buscando estabilidad y ni siquiera eso consiguió acabar con la política marroquí de presión, ¿qué incentivo tiene Rabat para dejar de utilizarla?

Muy poco, si la experiencia le demuestra que funciona.

Marruecos recibió el giro español sobre el Sáhara, lo incorporó a sus conquistas diplomáticas y continuó defendiendo sus intereses sin demasiadas contemplaciones. Las concesiones obtenidas no parecen generar necesariamente una deuda de reciprocidad: pueden convertirse simplemente en posiciones ya conquistadas desde las que reclamar la siguiente.

Madrid confía en que las concesiones compren estabilidad. Rabat puede aprender de ellas algo completamente diferente: que la presión obtiene resultados.

Washington refuerza esa percepción. Marruecos dedica millones a lobbying y relaciones públicas mientras aparecen iniciativas en el Congreso estadounidense que favorecen sus posiciones sobre el Sáhara Occidental y se dirigen contra el Frente POLISARIO. Eso no permite afirmar que Rabat compre decisiones políticas, pero sí demuestra hasta qué punto trabaja para crear un entorno internacional favorable a sus objetivos.

Tampoco todo le sale bien. La Unión Africana sigue siendo un recordatorio importante de los límites del poder marroquí. La República Saharaui continúa siendo miembro de pleno derecho de la organización y Marruecos ha tenido que convivir dentro de ella con una realidad que durante años intentó aislar. Esa resistencia africana demuestra que el hecho consumado no siempre consigue imponerse.

Pero precisamente por eso habrá que observar con atención la ofensiva dirigida ahora contra el Frente POLISARIO en Washington. Si el intento de asociarlo al terrorismo gana recorrido político, Marruecos dispondrá de un nuevo argumento para llevar su batalla diplomática a otros espacios. No hace falta anticipar hoy hasta dónde pretende llegar: bastará con observar los próximos movimientos.

Y ahora hasta el Mundial 2030 entra en la ecuación. Lo que debía convertirse en uno de los grandes escaparates internacionales de Marruecos empieza a ser cuestionado en España y Portugal después de Ceuta.

Tal vez ahí aparezca lo verdaderamente novedoso: un coste.

Porque la sensación de impunidad funciona mientras cada crisis termina igual: indignación, declaraciones solemnes y regreso a los negocios habituales. El cálculo podría cambiar si las actuaciones de Rabat empezaran a afectar aquello que realmente valora: prestigio, inversiones, grandes acontecimientos, alianzas o reconocimiento internacional.

Ali Lmrabet habla de un régimen «envalentonado». La palabra resulta especialmente precisa.

Durante demasiado tiempo Marruecos ha podido avanzar un poco más y comprobar después dónde estaba realmente el límite. En el Sáhara Occidental, con España o en sus relaciones internacionales, ha aprendido que la protesta no siempre significa consecuencia.

Y mientras esa sea la lección que extraiga de cada crisis, seguirá teniendo pocos incentivos para renunciar a una política de presión que, hasta ahora, le ha dado resultados.

Ese es quizá el verdadero peligro de que un régimen, con el aval de EEUU e Israel, termine convencido de que nadie puede con él y puede hacer lo que le da la gana.