Sumar mantiene la presión para evitar que la nacionalidad saharaui vuelva al punto de partida tras la disolución de las Cortes. Fuentes de la formación han explicado a EFE que propondrán al Gobierno aprobar la medida por decreto y someterla después a la convalidación de la Diputación Permanente. La iniciativa mantiene abierta una expectativa política importante, aunque su viabilidad jurídica sigue sin estar plenamente despejada.

Sumar no da por cerrada la batalla por la nacionalidad saharaui. Después de que el adelanto electoral hiciera decaer la proposición de ley a solo dos semanas de completar su tramitación parlamentaria, la formación ha comunicado a EFE que planteará al Gobierno una nueva vía para intentar evitar que todo el proceso tenga que comenzar de nuevo en la próxima legislatura.

La propuesta consiste en aprobar la medida por decreto y someterla posteriormente a la convalidación de la Diputación Permanente. En la práctica, la fórmula apuntaría a un Real Decreto-ley, distinto de la carta de naturaleza planteada inicialmente por Tesh Sidi tras conocerse la convocatoria electoral.

Sumar sostiene que concurren las condiciones de urgencia necesarias y defiende además la «legitimidad política» de la iniciativa. Recuerda que la proposición fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso y atribuye al «filibusterismo» del PP que no pudiera culminar su recorrido antes de la disolución de las Cortes. La formación insiste también en que se trata de una medida esperada por decenas de miles de saharauis.

La petición tiene una evidente dimensión política: obliga al Gobierno a pronunciarse. Hasta ahora se han sucedido distintas posibilidades para intentar evitar que la ley quede enterrada durante meses, desde la carta de naturaleza hasta esta propuesta de decreto-ley. Sumar intenta ahora convertir esa discusión en una decisión concreta del Ejecutivo.

Queda, sin embargo, una cuestión que no conviene ocultar. La vía del decreto-ley no está jurídicamente despejada y plantea dudas importantes sobre hasta dónde puede llegar este instrumento en una materia como la nacionalidad. La Diputación Permanente puede convalidar decretos-leyes durante la disolución de las Cortes, pero eso no significa automáticamente que cualquier contenido pueda aprobarse por esa vía.

Precisamente por eso conviene manejar con cuidado las expectativas. La propuesta de Sumar abre una vía política que ahora se formula con mayor concreción, pero todavía está por ver si el Gobierno la asume y si puede articularse jurídicamente de forma viable.

Después de tantos años de espera y después de una segunda legislatura en la que la iniciativa vuelve a caer por una disolución anticipada, lo importante ahora es que el Gobierno explique con claridad qué está dispuesto a hacer. Si existe una vía legal antes de las elecciones, debe estudiarse y utilizarse. Y si no existe, también debe decirse con claridad, sin alimentar nuevas expectativas que después vuelvan a frustrarse.

Fuente: EFE / Infobae

Análisis propio: NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL