La proposición de ley para reconocer la nacionalidad española a saharauis nacidos bajo administración española vuelve a recordar una deuda que España sigue sin resolver.
La ley de nacionalidad saharaui ha vuelto a aparecer en la actualidad. Según ha informado EFE, la proposición de ley impulsada por Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976 y sus descendientes puedan acceder a la nacionalidad española no avanza al ritmo esperado, aunque sus promotores creen que, con un impulso claro del Gobierno, podría estar lista antes del verano o justo después.
No estamos ante un asunto menor. Esta ley no es un favor ni una concesión simbólica. Es una medida de reparación histórica para personas nacidas en un territorio que España administró hasta 1976 y que quedaron atrapadas después entre la retirada española, la ocupación marroquí, el exilio y una descolonización que nunca se culminó.
La propuesta plantea que los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976 puedan acceder a la nacionalidad española, y abre también una vía para sus descendientes. Es decir, reconoce que existió una relación jurídica, administrativa e histórica entre España y la población saharaui. Una relación que no desaparece simplemente porque el Estado español decidiera abandonar el territorio.
El problema es que el Sáhara Occidental sigue siendo un expediente incómodo para los gobiernos españoles. Cada vez que aparece una cuestión que obliga a mirar de frente esa responsabilidad, reaparecen la prudencia, el silencio o los retrasos. Y más aún desde el giro de Pedro Sánchez en 2022, cuando España se acercó a la posición marroquí y debilitó su papel histórico en defensa de una solución conforme al derecho internacional.
Por eso esta ley importa. No porque resuelva el conflicto del Sáhara Occidental. No lo hace. La nacionalidad española para saharauis nacidos bajo administración española no sustituye el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, no reemplaza el referéndum pendiente y no cambia la naturaleza del territorio: el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización.
Pero sí corrige una injusticia concreta. Muchas personas saharauis han vivido durante décadas con dificultades administrativas, problemas de documentación, obstáculos para regularizar su situación o inseguridad jurídica. No hablamos solo de papeles. Hablamos de vidas reales, de familias, de estudiantes, de trabajadores, de personas que conservan vínculos con España y que han quedado en una especie de tierra de nadie burocrática.
Según la información publicada, el PSOE afirma que mantiene su compromiso con la ley y que se sigue trabajando para mejorar el texto y lograr consenso. Es razonable que una norma de estas características tenga solidez técnica. Pero la solidez técnica no debería convertirse en una excusa para aplazar indefinidamente una reparación que llega ya demasiado tarde.
La cuestión de fondo es sencilla: España no puede mirar al Sáhara Occidental solo cuando le interesa diplomáticamente. Administró el territorio, dejó una descolonización abierta y tiene una responsabilidad histórica que no puede borrar con silencio. Aprobar esta ley no resolvería todo, pero sería un paso mínimo y necesario.
La nacionalidad saharaui no es un regalo. Es memoria jurídica. Es reparación histórica. Y es una forma de recordar que el Sáhara Occidental no desapareció en 1976, ni desaparecieron las personas saharauis, ni desapareció la obligación de hacer justicia.
La pregunta, por tanto, no es solo qué pasa con la ley de nacionalidad saharaui. La pregunta es si España está dispuesta a asumir, aunque sea parcialmente, una deuda que lleva demasiado tiempo aplazando.