Durante dos jornadas consecutivas, Felipe VI ha situado Ceuta y Melilla dentro de una idea inequívoca: la soberanía y la integridad territorial de España no son negociables. El mensaje resulta especialmente significativo cuando se compara con la posición oficial española sobre el Sáhara Occidental, donde Madrid respalda como base de negociación una autonomía que parte de la soberanía marroquí sobre un territorio que Naciones Unidas sigue considerando pendiente de descolonización.

LA LECTURA DEL DÍA — 15 de octubre de 2026 | NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL

Hay frases que adquieren otro significado cuando se colocan unas junto a otras. En Ceuta, Felipe VI afirmó que “la soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables: son indiscutibles” y definió Ceuta y Melilla como una “parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España”. En Melilla reforzó ese mismo marco al recordar que allí empieza España y la Unión Europea y al advertir que nadie debe confundir la defensa del Estado de derecho con debilidad.

Es la posición lógica de un Estado que considera que nadie puede decidir desde fuera sobre el territorio que entiende como propio. Precisamente por eso resulta inevitable mirar hacia el Sáhara Occidental. Desde 2022, el Gobierno español considera la propuesta marroquí de autonomía como la base “más seria, creíble y realista” para alcanzar una solución. Pedro Sánchez ha sostenido al mismo tiempo que esa solución debe ser aceptada por las dos partes y ajustarse a la Carta y a las resoluciones de Naciones Unidas.

Ahí aparece la asimetría. En Ceuta y Melilla, España afirma que su soberanía está fuera de discusión. En el Sáhara Occidental, en cambio, acepta como referencia principal una fórmula cuyo punto de partida es atribuir a Marruecos una soberanía que Naciones Unidas no ha reconocido como definitivamente resuelta.

Y no se trata de una cuestión terminológica. El Sáhara Occidental continúa en la lista de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas desde 1963. La propia ONU recuerda que la cuestión sigue siendo una descolonización pendiente que debe ser completada por el pueblo del territorio.

La diferencia jurídica entre Ceuta, Melilla y el Sáhara Occidental existe y no conviene ocultarla. Precisamente por eso la comparación resulta reveladora. En un caso España exige que se respete una soberanía que considera indiscutible; en el otro respalda una solución construida sobre la soberanía reclamada por otro Estado sobre un territorio cuyo pueblo todavía no ha podido decidir libremente su estatuto final.

Estos días hemos hablado también de los límites del Consejo de Seguridad para convertir por sí solo la autonomía en el final de la descolonización y de la advertencia del Frente POLISARIO a Staffan de Mistura cuando considera que la mediación comienza a tratar esa autonomía no solo como punto de partida, sino también como destino de la negociación. Todo conduce a la misma pregunta: si el resultado está fijado de antemano, ¿qué queda realmente por decidir?

La posición española puede considerar la autonomía una fórmula realista y puede defender que sea negociada. Pero el propio discurso pronunciado por Felipe VI en Ceuta y Melilla ayuda a comprender una idea mucho más sencilla: el futuro de un territorio no debería quedar decidido únicamente por quien reclama soberanía sobre él.

Si España sostiene que nadie puede negociar su soberanía contra su voluntad, resulta difícil explicar por qué el pueblo saharaui debería aceptar que otros establezcan de antemano cuál debe ser el marco definitivo de la suya. Y esa seguirá siendo la cuestión después de Ceuta, después de Melilla y después de la próxima resolución del Consejo de Seguridad: ¿quién tiene derecho a decidir el futuro del Sáhara Occidental?

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