Seis diputados del Grupo Plurinacional Sumar han registrado preguntas en el Congreso para que el Ejecutivo atienda la petición internacional de la RASD, impulse una respuesta de la Unión Europea y utilice sus instrumentos diplomáticos ante la situación médica crítica del preso político saharaui.

La situación del preso político saharaui Naâma Asfari ha llegado directamente al Congreso de los Diputados y al interior del propio Gobierno de coalición. Seis parlamentarios de Izquierda Unida y del Grupo Plurinacional Sumar han registrado una batería de preguntas para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que intervenga ante Marruecos y se sume a la campaña internacional por su liberación inmediata.

La relevancia política de la iniciativa no reside únicamente en su contenido. Sumar no es un grupo ajeno al Ejecutivo, sino el socio con el que el PSOE comparte el Gobierno de coalición. El propio Pedro Sánchez ha definido públicamente a Sumar como su «socio de gobierno». La reclamación procede, por tanto, de una fuerza integrada en el Consejo de Ministros que exige una actuación diferente de la política mantenida por Exteriores ante Marruecos.

La petición internacional de la RASD llega a Pedro Sánchez

La iniciativa parlamentaria está encabezada por el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, y pretende conocer si el Gobierno español atenderá la petición internacional promovida por la República Árabe Saharaui Democrática ante el grave peligro que corre la vida de Asfari.

Esa petición ha sido dirigida, entre otros responsables, al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk; a la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas; al presidente francés, Emmanuel Macron, y al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El llamamiento reclama la liberación inmediata e incondicional de Naâma Asfari y del resto de los presos políticos saharauis, la prestación urgente de asistencia médica independiente, el acceso de su familia y del Comité Internacional de la Cruz Roja y el fin de las represalias y del acoso contra los familiares de los detenidos.

Los diputados preguntan también si el Ministerio de Asuntos Exteriores está dispuesto a promover dentro de la Unión Europea un llamamiento internacional para exigir a Marruecos la liberación de Asfari y si utilizará sus instrumentos diplomáticos para aumentar la presión sobre las autoridades marroquíes.

Más de quince años encarcelado

Naâma Asfari cumple una condena de 30 años en la prisión marroquí de Kenitra. Lleva más de quince años encarcelado tras su detención en el contexto del desmantelamiento violento del campamento de protesta de Gdeim Izik, levantado en 2010 a las afueras de El Aaiún ocupado.

Su estado de salud es crítico después de una prolongada huelga de hambre iniciada para reclamar el cumplimiento de los pronunciamientos internacionales sobre los presos de Gdeim Izik. Las organizaciones saharauis denuncian que permanece aislado, alejado de su familia y sin recibir la atención médica urgente que necesita.

Su esposa, la activista francesa Claude Mangin, tiene prohibida la entrada en Marruecos y no ha podido visitarlo durante los últimos ocho años. La separación familiar, la dispersión penitenciaria y las limitaciones de las visitas forman parte de las medidas denunciadas reiteradamente por las organizaciones de defensa de los presos políticos saharauis.

Naciones Unidas declaró arbitraria su detención

La situación de Naâma Asfari no depende únicamente de denuncias políticas o de organizaciones solidarias. La Opinión 23/2023 del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria examinó el caso de dieciocho presos saharauis de Gdeim Izik y concluyó que su privación de libertad era arbitraria y contraria a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El organismo de Naciones Unidas pidió a Marruecos que remediara la situación sin demora y adecuara el tratamiento de los detenidos a sus obligaciones internacionales. Sin embargo, Naâma Asfari y sus compañeros continúan encarcelados y sometidos a unas condiciones que han provocado reiteradas alertas sobre su estado físico y psicológico.

La pregunta, por tanto, ya no es si el Gobierno español dispone de información suficiente. La petición está dirigida personalmente a Pedro Sánchez, las preguntas han sido registradas en el Congreso y existen pronunciamientos formales de mecanismos de Naciones Unidas.

Una exigencia desde el interior del Gobierno

Enrique Santiago ha llamado a levantar la voz para que el Ministerio de Asuntos Exteriores exija la liberación de Naâma Asfari y ha recordado que el activista fue condenado por defender el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y oponerse a la ocupación marroquí.

Los diputados reclaman también conocer qué medidas piensa adoptar el Ejecutivo español para respaldar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas.

La iniciativa muestra nuevamente las profundas diferencias existentes dentro del Gobierno sobre el Sáhara Occidental. Mientras representantes de Sumar reivindican la autodeterminación, denuncian la represión y reclaman la liberación de los presos políticos, la política exterior dirigida por Pedro Sánchez y José Manuel Albares continúa subordinando la cuestión saharaui a la relación estratégica con Marruecos.

La intervención de Sumar es importante, pero no puede sustituir la actuación del Gobierno del que forma parte. Reclamar públicamente la liberación de Naâma Asfari obliga también a exigir que esa posición se traduzca en decisiones dentro del Consejo de Ministros, en la diplomacia española y en las instituciones europeas.

España dispone de relaciones políticas, económicas y diplomáticas suficientes para plantear el caso directamente a Marruecos. También puede promover una respuesta europea, exigir atención médica inmediata y reclamar el cumplimiento de los pronunciamientos de Naciones Unidas.

La vida de Naâma Asfari no puede quedar atrapada una vez más entre las contradicciones internas del Gobierno español. Pedro Sánchez y José Manuel Albares ya conocen la petición. Ahora deben responder si España va a actuar para salvarlo o si volverá a proteger su relación con Marruecos mediante el silencio.

Fuentes: Mundo Obrero, Europa Press, Sahara Press Service, Naciones Unidas y La Moncloa.