Victoria G. Corera recorre los capítulos del informe de la ELDH dedicados a la discriminación estructural, las políticas de asentamiento, la presión sobre la identidad saharaui y una economía organizada sin el consentimiento del pueblo del territorio.
Por Victoria G. Corera
Las cuatro entregas anteriores de esta serie nos han permitido acercarnos al informe Fifty Years Under Occupation desde algunas de sus ideas fundamentales. Comenzamos señalando que estamos ante un documento que exige ser leído. Después vimos que las violaciones denunciadas no son hechos aislados, sino partes de un sistema de control; que ese sistema actúa en un territorio cerrado a la vigilancia internacional; y que la cárcel, la tortura, los juicios sin garantías y los traslados a centros penitenciarios lejanos no castigan únicamente a los presos políticos saharauis, sino que buscan aislarlos, quebrar a sus familias y desalentar toda movilización.
Esta quinta lectura amplía ahora el campo de observación. Porque una ocupación no se mantiene solamente mediante la policía, los tribunales, las prisiones y la represión de las protestas. También se consolida transformando el territorio, modificando su composición demográfica, distribuyendo de manera desigual el empleo y los recursos, debilitando la identidad del pueblo ocupado y construyendo una economía que normaliza la presencia de la potencia ocupante.
El informe de la Asociación Europea de Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos obliga a mirar conjuntamente todos esos procesos. La discriminación económica, las políticas de asentamiento, el sistema educativo y la explotación de los recursos naturales no aparecen como consecuencias secundarias de un conflicto prolongado. Son elementos que contribuyen a hacer duradero el control marroquí sobre el Sáhara Occidental.
La desigualdad como forma de control
Los testimonios recogidos por la misión describen una discriminación estructural que afecta al acceso al empleo, la vivienda, la educación, los servicios públicos, las ayudas sociales y las posibilidades de promoción. No se trata simplemente de que existan desigualdades económicas. Lo que denuncia el informe es un sistema en el que la población saharaui se encuentra en desventaja dentro de su propio territorio.
Los empleos públicos y los puestos vinculados a las grandes infraestructuras, los recursos naturales o las actividades económicas respaldadas por la Administración beneficiarían de manera desproporcionada a ciudadanos marroquíes y a personas consideradas próximas a las autoridades. Los saharauis, por el contrario, afrontarían barreras para ser contratados, ascender profesionalmente o acceder a empleos estables.
Una dinámica semejante aparece en la vivienda y en los programas de apoyo económico. Según los testimonios, los colonos marroquíes disfrutan de ventajas para acceder a viviendas, empleos públicos, incentivos salariales y ayudas destinadas a facilitar su instalación permanente, mientras una parte de la población saharaui continúa expuesta a la pobreza, la precariedad y la exclusión.
La desigualdad se convierte así en algo más que una cuestión social. Dificulta que las familias saharauis mantengan una vida estable, limita su participación en la economía y debilita su capacidad para permanecer materialmente arraigadas en su tierra.
Transformar la población para transformar el territorio
El informe utiliza una expresión especialmente significativa: dinámicas coloniales de asentamiento. No se refiere solamente a la llegada de población marroquí al Sáhara Occidental. Describe una transformación más profunda que afecta a la tierra, la vivienda, el empleo, las infraestructuras, los servicios, la educación y el acceso a los recursos naturales.
Los incentivos a la instalación de ciudadanos marroquíes modifican progresivamente la composición social, económica y política del territorio. Al mismo tiempo, la discriminación contra los saharauis reduce su peso y su capacidad de intervenir en las decisiones que afectan al lugar en el que viven.
La ocupación busca de este modo presentarse como una realidad consumada e irreversible. El paso del tiempo, la construcción de carreteras, puertos, viviendas, hoteles o instalaciones energéticas y el aumento de población marroquí son utilizados para ofrecer una apariencia de normalidad administrativa.
Pero la acumulación de hechos sobre el terreno no convierte la ocupación en soberanía. El Sáhara Occidental continúa siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización y Marruecos ejerce un control efectivo sobre gran parte de él sin que exista un reconocimiento internacional de soberanía.
El informe recuerda además que el artículo 49.6 del IV Convenio de Ginebra prohíbe a una potencia ocupante trasladar parte de su propia población civil al territorio ocupado. Cuando esas políticas de asentamiento se acompañan de la reasignación del empleo, la vivienda y los recursos en beneficio de los colonos, las consecuencias jurídicas son todavía más graves.
La transformación demográfica no es, por tanto, una consecuencia accidental de cinco décadas de ocupación. Afecta directamente a las condiciones en las que el pueblo saharaui debería ejercer su derecho a la autodeterminación.
La escuela como espacio de asimilación
La educación ocupa un lugar destacado en esta estrategia. Los testimonios recopilados por la ELDH describen centros escolares en los que predominan la historia, los símbolos, las costumbres y el relato nacional marroquí, mientras la historia, la cultura y la identidad saharauis apenas encuentran espacio.
Los niños pueden verse presionados para abandonar formas lingüísticas propias, dejar de utilizar vestimentas tradicionales o adoptar símbolos y costumbres marroquíes. El informe señala que esa presión no tiene únicamente consecuencias educativas. Afecta al sentido de pertenencia, a la seguridad emocional y a la manera en que las nuevas generaciones comprenden su propia identidad.
La falta de oportunidades suficientes de educación superior en el territorio obliga además a muchos jóvenes saharauis a trasladarse a ciudades marroquíes para continuar sus estudios. Ese desplazamiento supone gastos difíciles de asumir para muchas familias, separación del entorno social y exposición a posibles situaciones de vigilancia, discriminación y presión política.
La escuela deja entonces de ser solamente un servicio público. Puede convertirse en un lugar de asimilación, de control de la memoria y de reducción de la identidad saharaui a una expresión subordinada dentro del relato de la potencia ocupante.
Una riqueza que no decide su propietario
La transformación del territorio tiene también una dimensión económica. Los fosfatos, la pesca, la arena, la agricultura, el turismo y las energías renovables forman parte de un modelo de explotación desarrollado sin el consentimiento del pueblo saharaui.
El informe destaca la mina de fosfatos de Bucraa como uno de los ejemplos más visibles. Se trata de un recurso no renovable, de gran importancia para la agricultura mundial, que continúa siendo extraído y exportado mientras el pueblo del territorio queda excluido de las decisiones y obtiene un beneficio muy limitado de su propia riqueza.
La importancia de Bucraa no reside solamente en el valor económico del fosfato. La mina simboliza la integración de los recursos saharauis en una estructura política, administrativa y comercial que presenta el territorio como una extensión de Marruecos.
La pesca reproduce el mismo problema. Las aguas del Sáhara Occidental se encuentran entre las más ricas de la región, pero la explotación a gran escala no se corresponde con una mejora equivalente de las condiciones de vida de la población saharaui. Los productos pueden ser procesados, exportados y etiquetados a través de canales marroquíes o de terceros países, diluyendo su verdadero origen.
El informe recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado que el Sáhara Occidental posee un estatuto separado y distinto de Marruecos y que el pueblo saharaui debe ser considerado un tercero cuyo consentimiento es necesario para que los acuerdos puedan aplicarse al territorio.
No basta, por tanto, con alegar que una actividad genera empleo, construye infraestructuras o produce supuestos beneficios económicos. La cuestión decisiva sigue siendo quién tiene derecho a decidir sobre esos recursos.
Energía verde para una ocupación antigua
También las energías renovables exigen una lectura crítica. Los parques eólicos y solares instalados en el territorio son presentados como ejemplos de modernización, sostenibilidad y transición ecológica. Sin embargo, el informe recoge la preocupación de quienes consideran que esos proyectos ayudan a abastecer las industrias extractivas, refuerzan las infraestructuras marroquíes y consolidan la integración económica del territorio ocupado.
Una instalación no deja de plantear problemas jurídicos porque produzca energía limpia. La sostenibilidad ambiental no puede utilizarse para ocultar la ausencia de consentimiento del pueblo al que pertenece el territorio.
Las mismas preguntas afectan a las grandes explotaciones agrícolas de la zona de Dajla, orientadas principalmente a la exportación, mientras la población saharaui continúa marginada de una parte importante de los beneficios. También al turismo, que promociona las costas y el desierto del Sáhara Occidental como destinos marroquíes, borra la condición política del territorio y convierte la ocupación en un paisaje destinado al consumo.
El informe menciona asimismo la extracción y exportación de arena, incluso hacia las islas Canarias, y advierte de sus posibles efectos ambientales. Recursos físicos del territorio son utilizados para actividades exteriores sin transparencia suficiente y sin que el pueblo saharaui haya autorizado su explotación.
Fosfatos, pescado, arena, tomates, energía y turismo parecen pertenecer a sectores distintos. Sin embargo, juntos forman una economía que contribuye a financiar, sostener y normalizar el control marroquí.
Permanecer en la propia tierra
La cuestión económica está profundamente vinculada con la transformación demográfica. Cuando los saharauis no pueden acceder en igualdad de condiciones al empleo, la vivienda o los recursos, se debilita su capacidad para permanecer social y económicamente arraigados en su territorio.
Cuando los colonos reciben incentivos, empleo y vivienda, mientras la población originaria queda relegada, se altera la realidad sobre la que algún día debería ejercerse la autodeterminación.
El objetivo no tiene por qué formularse de manera explícita. Basta con crear condiciones materiales que favorezcan a unos y empujen a otros hacia la marginalidad, el desempleo, la emigración o el exilio.
Por eso el informe insiste en que la discriminación estructural, la transformación demográfica y la explotación económica deben analizarse conjuntamente. No solo acompañan a la ocupación: ayudan a hacerla duradera.
Mujeres, niños y generaciones futuras
Las consecuencias tampoco se reparten de manera uniforme. Las defensoras saharauis pueden ser objeto de formas específicas de humillación, estigmatización, violencia sexual, agresiones y amenazas contra sus familias. El informe destaca que las mujeres son atacadas no solamente por participar en manifestaciones, sino también por documentar abusos, apoyar a presos políticos o actuar como testigos de la represión.
Los niños crecen en un entorno marcado por la presencia policial, la discriminación escolar, la presión cultural, el miedo político y la separación de las familias. El impacto de la ocupación no termina en las víctimas directas: se transmite a través de la educación, la identidad, la memoria y las condiciones psicológicas en las que se desarrollan las nuevas generaciones.
Una ocupación prolongada durante cincuenta años no afecta solamente al presente. Intenta determinar también qué podrán recordar, expresar, estudiar y decidir quienes todavía son niños.
La prisión, la escuela, la mina y el puerto
Una de las principales aportaciones del informe consiste en relacionar ámbitos que a menudo se presentan por separado.
La detención de un activista parece pertenecer al terreno de los derechos humanos. La llegada de colonos, a la demografía. La falta de oportunidades, a la política social. Una mina, un puerto pesquero o un parque eólico, a la economía. La ausencia de cultura saharaui en las aulas, a la educación.
Pero la ELDH muestra que todos esos elementos pueden reforzarse mutuamente. La cárcel castiga la resistencia; la vigilancia impide documentar los abusos; la escuela debilita la identidad; la discriminación reduce las posibilidades de permanecer en el territorio; la llegada de colonos altera su composición; y la explotación de los recursos financia y normaliza el control de la potencia ocupante.
La transformación demográfica, la desigualdad económica, la presión cultural y el expolio no son consecuencias laterales. Son algunos de los instrumentos que permiten prolongar la ocupación y presentarla como una realidad inevitable.
El informe obliga, por tanto, a mirar conjuntamente la prisión y la mina, la agresión contra una defensora y la llegada de nuevos colonos, la prohibición de una asociación y la construcción de un gran proyecto energético. Cada elemento actúa en un ámbito diferente, pero todos pueden contribuir a reducir el espacio político, social, cultural y material desde el que el pueblo saharaui defiende su existencia y reclama su derecho a decidir.
Queda todavía una pregunta decisiva: después de documentar durante decenas de páginas este sistema de control, ¿qué exige la ELDH a Marruecos, Naciones Unidas, la Unión Europea, España y los demás actores que pueden y deben intervenir?
Esa será la sexta y última entrega de esta serie.