Victoria G. Corera recorre el informe de la ELDH para mostrar cómo las detenciones, la tortura, las confesiones forzadas, los juicios sin garantías y los traslados a cárceles lejanas no castigan únicamente a los presos políticos saharauis: buscan aislarlos, quebrar a sus familias y desalentar toda movilización.
Victoria G. Corera recorre el informe de la ELDH para mostrar cómo las detenciones, la tortura, las confesiones forzadas, los juicios sin garantías y los traslados a cárceles lejanas no castigan únicamente a los presos políticos saharauis: buscan aislarlos, quebrar a sus familias y desalentar toda movilización.Por Victoria G. Corera
Las anteriores entregas de esta serie nos han permitido acercarnos al informe de la Asociación Europea de Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos desde tres ideas fundamentales: estamos ante un documento que exige ser leído; las violaciones denunciadas no son hechos aislados, sino partes de un sistema de control; y ese sistema actúa en un territorio cerrado a la vigilancia internacional, donde la MINURSO continúa sin mandato para observar y documentar los derechos humanos.
La cuarta lectura conduce inevitablemente a las cárceles.
Porque la prisión no aparece en el informe como la consecuencia excepcional de algunos procesos judiciales. Aparece como una herramienta integrada en el sistema de ocupación: detener a quienes protestan, convertir la expresión política en delito, obtener confesiones mediante coacción, imponer largas condenas, dispersar a los presos y trasladar el castigo a sus familias.
Convertir la reivindicación política en delito
El informe recoge testimonios según los cuales activistas saharauis son detenidos y procesados por participar en manifestaciones, defender públicamente el derecho de autodeterminación, organizar actividades estudiantiles o recordar a víctimas y presos políticos.
Las acusaciones suelen presentarse bajo delitos comunes: alteración del orden público, agresión a funcionarios, participación en disturbios o figuras similares. De esta forma, una actividad esencialmente política queda transformada en delincuencia ordinaria.
No se reconoce al detenido como una persona perseguida por expresar una posición sobre el futuro del Sáhara Occidental. Se le presenta como un delincuente cuya conducta carecería de contenido político.
Ese mecanismo cumple una doble función. Castiga a una persona concreta, pero también envía un mensaje al resto de la sociedad: defender la identidad saharaui, reclamar derechos o participar en una movilización puede terminar en una condena de años de prisión.
El informe presta especial atención a la represión del movimiento estudiantil. Representantes del Comité de Familias de Estudiantes Saharauis Encarcelados señalaron a la misión que 34 estudiantes permanecían distribuidos en diez prisiones de Marruecos, fuera del Sáhara Occidental, con condenas que irían desde ocho meses hasta treinta años. La ELDH advierte de que las universidades se han convertido en espacios especialmente vigilados por ser también lugares de organización política, memoria colectiva y afirmación de la identidad saharaui.
Tortura para construir una acusación
La parte más difícil del informe es también una de las más reveladoras. Los testimonios describen torturas y malos tratos durante la detención, los interrogatorios, los traslados y la prisión preventiva.
Se denuncian golpes, vendajes en los ojos, posiciones forzadas, amenazas, humillaciones prolongadas, violencia sexual y diferentes formas de coacción psicológica. Varios detenidos afirmaron haber sido obligados a firmar documentos que no habían podido leer o cuyo contenido desconocían.
La tortura no aparece únicamente como una forma de castigo. En numerosos casos, su objetivo habría sido obtener declaraciones o confesiones que después fueron utilizadas dentro del procedimiento judicial.
Esto cambia por completo la lectura de esos procesos. Ya no estaríamos solamente ante abusos cometidos durante una detención, sino ante un mecanismo en el que la violencia sirve para fabricar la prueba que permitirá justificar posteriormente la condena.
Gdeim Izik: una herida que sigue abierta
Los presos de Gdeim Izik ocupan un lugar central en esta lectura.
El campamento levantado en 2010 cerca de El Aaiún comenzó como una gran movilización pacífica contra la discriminación, el desempleo, la precariedad y la exclusión de la población saharaui de las riquezas de su propio territorio. Su desmantelamiento fue seguido por detenciones, torturas denunciadas y condenas extremadamente graves.
Civiles saharauis fueron juzgados inicialmente por un tribunal militar. Las actuaciones estuvieron marcadas por denuncias de confesiones obtenidas bajo tortura, ausencia de investigaciones eficaces sobre esos malos tratos y graves deficiencias en las garantías procesales.
El informe recuerda que el acceso a los abogados se produjo en algunos casos de forma tardía o insuficiente. También denuncia que determinadas entrevistas entre presos y letrados se habrían desarrollado bajo vigilancia de funcionarios, impidiendo la confidencialidad necesaria para hablar de torturas, preparar una defensa o cuestionar las pruebas de la acusación.
No se trata, por tanto, de una justicia que simplemente cometió errores. El problema señalado por el informe es más profundo: el procedimiento judicial puede convertirse en una prolongación de la represión cuando acepta confesiones cuestionadas, limita la defensa y se niega a investigar de manera independiente las denuncias de tortura.
La huelga de hambre como último recurso
La condena tampoco termina cuando se cierra el juicio.
Los testimonios reunidos por la misión describen aislamiento, deficiente atención sanitaria, restricciones de visitas, malas condiciones materiales y sanciones arbitrarias. En ese contexto, las huelgas de hambre aparecen como una de las pocas formas de protesta que conservan los presos políticos saharauis.
No son gestos simbólicos. Son decisiones extremas adoptadas por personas que consideran agotadas todas las demás vías para obtener tratamiento médico, continuar sus estudios, recibir visitas familiares o denunciar sus condiciones de reclusión.
El informe recoge el caso de un preso que mantuvo una huelga de hambre durante 45 días sin conseguir sus demandas y el de otro detenido que alcanzó los 64 días, perdiendo la mitad de su peso corporal. También recuerda el caso de Hassana El Wali, cuya familia denunció que murió como consecuencia de la negligencia médica sufrida durante una huelga de hambre.
Cuando un preso debe poner su vida en peligro para reclamar derechos básicos, el problema ya no puede reducirse al funcionamiento deficiente de una cárcel. Estamos ante una forma de abandono que puede desembocar en tratos inhumanos o degradantes.
Castigar también a las familias
Uno de los aspectos más importantes del informe es que no separa la situación del preso de la de su familia.
Los detenidos saharauis son trasladados con frecuencia a cárceles situadas a cientos de kilómetros del Sáhara Occidental, muchas veces en el norte de Marruecos. La misión recibió testimonios sobre distancias de entre 400 y 800 kilómetros, costes imposibles de asumir, restricciones administrativas y visitas que, en algunos casos, apenas durarían diez minutos.
Para padres ancianos, esposas, hijos o familiares enfermos, esos desplazamientos pueden impedir durante meses o años cualquier contacto regular.
El traslado deja así de ser una simple decisión penitenciaria. Se convierte en una forma de aislamiento y presión que extiende las consecuencias de la condena a quienes no han sido juzgados ni acusados de delito alguno.
El informe recuerda que las Reglas Nelson Mandela establecen que los presos deberían permanecer, siempre que sea posible, cerca de sus hogares y mantener contacto regular con sus familias. La dispersión sistemática vulnera ese principio y convierte el encarcelamiento en una carga colectiva.
No son expedientes: son vidas suspendidas
Hablar de presos políticos saharauis obliga a mirar más allá de las condenas, los expedientes judiciales y los muros de las cárceles.
Hay personas que llevan años o décadas privadas de libertad. Hay madres y padres que envejecen sin poder visitarlas. Hay hijos que han crecido entre viajes imposibles, llamadas vigiladas y noticias sobre huelgas de hambre. Hay presos enfermos que denuncian falta de atención médica y familias obligadas a convertir cada visita en una batalla administrativa y económica.
La lectura del informe de la ELDH deja una conclusión difícil de eludir: la cárcel forma parte del sistema de control sobre el Sáhara Occidental.
Sirve para apartar a quienes organizan protestas, desactivar espacios de movilización, infundir miedo y castigar a comunidades enteras. Y cuando la detención se combina con tortura, confesiones forzadas, juicios sin garantías, negligencia médica y dispersión penitenciaria, ya no estamos ante una suma de irregularidades. Estamos ante una estructura de represión.
Por eso la situación de los presos políticos saharauis no puede tratarse como un asunto humanitario secundario ni como una cuestión separada del proceso de descolonización.
No habrá una solución justa para el Sáhara Occidental mientras quienes defienden pacíficamente su derecho a decidir continúen encarcelados, mientras sus denuncias de tortura no sean investigadas y mientras sus familias sigan pagando también el precio de la ocupación.