La Unión Europea ha convertido a Marruecos en una pieza central del control de su frontera sur y ha destinado cientos de millones de euros a cooperación migratoria, vigilancia fronteriza y lucha contra el tráfico de personas. La entrada masiva en Ceuta obliga ahora a preguntarse no solo por la eficacia de ese modelo, sino por la dependencia política que ha creado.
La Unión Europea ha convertido a Marruecos en una pieza central del control de su frontera sur y ha destinado cientos de millones de euros a cooperación migratoria, vigilancia fronteriza y lucha contra el tráfico de personas. La entrada masiva en Ceuta obliga ahora a preguntarse no solo por la eficacia de ese modelo, sino por la dependencia política que ha creado.Durante años, Bruselas ha financiado con cientos de millones de euros la cooperación migratoria con Marruecos. Los programas europeos han destinado importantes cantidades a la gestión de fronteras, la lucha contra las redes de tráfico, los retornos, la protección de migrantes y el fortalecimiento de las capacidades marroquíes para controlar las salidas hacia Europa.
No todo ese dinero puede reducirse a pagar policías o vigilar la frontera con Ceuta. La cooperación migratoria comprende actuaciones muy diferentes. Pero el resultado político es difícil de discutir: la Unión Europea ha convertido a Marruecos en uno de los guardianes fundamentales de su frontera meridional y ha hecho depender buena parte de su política migratoria de la voluntad de Rabat de ejercer ese control.
Ceuta acaba de mostrar la otra cara de ese modelo. Una frontera extremadamente vigilada puede dejar de serlo con la misma rapidez con la que vuelve a quedar bajo control cuando las autoridades marroquíes deciden actuar. Las imágenes de estos días han vuelto a demostrar que la capacidad de Marruecos para contener los movimientos hacia España es muy superior a la que cabría deducir de una explicación basada exclusivamente en mafias, redes sociales o decisiones espontáneas de miles de jóvenes.
Europa ya conocía este problema. Después de la crisis de Ceuta de mayo de 2021, desencadenada en pleno enfrentamiento diplomático entre Madrid y Rabat por la acogida hospitalaria en España del dirigente del Frente Polisario Brahim Ghali, el Parlamento Europeo rechazó expresamente que Marruecos utilizara los controles fronterizos y la migración como instrumento de presión política contra España. El Sáhara Occidental estaba entonces en el origen inmediato de aquella crisis bilateral.
Cinco años después, el mecanismo reaparece a una escala mucho mayor y los propios dirigentes europeos comienzan a hablar de «instrumentalización de la migración» y «amenazas híbridas». La carta enviada estos días por numerosos gobiernos europeos a las instituciones comunitarias reclama, además, que los ministros del Interior examinen «la eficacia de la cooperación de la UE con Marruecos».
[Ceuta cambia de escala: Europa habla de «amenaza híbrida» y mira a Marruecos]
La cuestión, por tanto, desborda el número de millones invertidos o la eficacia concreta de cada programa. El problema es el modelo de relación que se ha construido. Cuanto más imprescindible resulta Marruecos para garantizar la estabilidad de la frontera europea, mayor es también su capacidad para transformar esa necesidad en influencia política.
España conoce especialmente bien esa relación. El giro de Pedro Sánchez de marzo de 2022 sobre el Sáhara Occidental, respaldando la propuesta marroquí de autonomía como la opción «más seria, creíble y realista», se presentó como el comienzo de una etapa de estabilidad y confianza con Rabat. Lo ocurrido ahora en Ceuta plantea una conclusión incómoda: aquella cesión política no hizo desaparecer el instrumento de presión.
Y esa dependencia tampoco afecta únicamente a España. Seguridad, comercio, energía, migración y Sáhara Occidental forman parte de una relación en la que Rabat conoce perfectamente el valor que Europa concede a su cooperación. Una crisis fronteriza comienza en Ceuta, alcanza inmediatamente a Madrid y termina obligando a reaccionar a Bruselas.
Por eso Europa debería preguntarse algo más que cuánto dinero necesita invertir ahora en Frontex o en nuevos acuerdos con Marruecos. Debe preguntarse si la política diseñada para proteger su frontera ha terminado otorgando a Rabat una capacidad de presión que condiciona también sus decisiones políticas, incluida su posición ante la ocupación y la descolonización pendiente del Sáhara Occidental.