La Comisión de Justicia no debatirá el dictamen hasta el 23 de julio, cuando ya no habrá tiempo para elevarlo a la sesión extraordinaria del Congreso. Salvo una convocatoria adicional en agosto, la proposición de ley tendrá que esperar al nuevo periodo de sesiones y después afrontar todavía su paso por el Senado.

La proposición de ley para reconocer la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental durante la administración española y a sus descendientes vuelve a sufrir un retraso en el Congreso de los Diputados.

La Comisión de Justicia tiene previsto reunirse el próximo 23 de julio para debatir y aprobar el dictamen de la iniciativa. Esa fecha impedirá que el texto pueda llegar al Pleno extraordinario convocado para ese mismo día, como inicialmente pretendía Sumar.

Salvo que se convoque una nueva sesión extraordinaria a finales de agosto, la votación en el Pleno del Congreso quedará aplazada hasta la primera sesión ordinaria de septiembre. Después, el texto deberá ser remitido al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria.

El nuevo retraso se produce después de que la proposición permaneciera más de un año paralizada en el Congreso. Desde abril, Sumar había tratado de reactivar su tramitación mediante una negociación con el PSOE y el resto de los grupos progresistas.

El acuerdo alcanzado entre los dos partidos del Gobierno permitió que la ponencia aprobara el texto el pasado 30 de junio, con el respaldo de los grupos de izquierda. Junts se abstuvo, mientras que el Partido Popular y Vox votaron en contra, aunque quedaron en minoría.

La intención inicial era que la Comisión de Justicia emitiera su dictamen el 14 de julio y que el Pleno lo aprobara una semana después. Sin embargo, la reunión de la comisión se ha desplazado finalmente al día 23, dejando sin margen el calendario previsto.

Según el contenido difundido hasta ahora, la ley permitiría acceder a la nacionalidad española a los saharauis y descendientes de quienes residían en la antigua provincia española antes del 11 de agosto de 1976.

Para acreditar esa condición podrían presentarse documentos como el antiguo DNI español, certificados de nacimiento, libros de familia, documentos de escolarización, pensiones, certificados médicos o la inscripción en el censo elaborado por Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental.

El PSOE no ha aceptado, sin embargo, que se reconozca como prueba la documentación expedida por el Frente Polisario, al no considerarlo oficialmente una autoridad administrativa a estos efectos.

La proposición también contempla reducir de tres a dos años el periodo de residencia legal y continuada necesario para que los saharauis residentes en España puedan solicitar la nacionalidad, equiparándolos a ciudadanos de países iberoamericanos y de otros antiguos territorios vinculados históricamente a España.

La solicitud no estaría sujeta al pago de tasas y debería presentarse durante los tres años posteriores a la entrada en vigor de la ley, prevista seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Ante el retraso de la tramitación en el Pleno, el abogado saharaui Sidi Talebbuia lanzó un aviso urgente a la comunidad para evitar estafas. El comunicado completo está disponible en Alerta de Sidi Talebbuia sobre la Ley de Nacionalidad, recordando que aún no hay ninguna ley en vigor y nadie debe pagar dinero por supuestos trámites.

La iniciativa ha superado uno de sus principales obstáculos con la aprobación en ponencia, pero el nuevo calendario confirma que la reparación reclamada desde hace décadas por miles de familias saharauis tendrá que seguir esperando, al menos, hasta después del verano.

Fuente: Europa Press / agencias.