El debate sobre la nacionalidad saharaui vuelve a abrir una de las contradicciones políticas más delicadas del actual Gobierno español. Mientras el Ejecutivo mantiene desde 2022 una posición cada vez más alineada con Marruecos sobre el Sáhara Occidental, la cuestión de los saharauis sigue reapareciendo dentro de la propia política española como un problema jurídico, histórico y político imposible de cerrar completamente.
La intención de Sumar de sacar adelante antes del verano la ley para facilitar la nacionalidad española a ciudadanos saharauis ha vuelto a poner el foco sobre el papel del Ministerio de Exteriores y, especialmente, sobre la posición de José Manuel Albares. Según distintas fuentes parlamentarias citadas en la prensa nacional, dentro de la propia coalición existe la percepción de que buena parte de las resistencias políticas alrededor de la norma siguen vinculadas al giro diplomático español hacia Marruecos.
La propuesta plantea reconocer la nacionalidad por carta de naturaleza a saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976 —cuando el territorio seguía bajo administración española— así como a sus descendientes. Además, busca reducir de diez a dos años el plazo exigido actualmente a las personas apátridas para solicitar la nacionalidad por residencia.
Pero el debate trasciende claramente el ámbito técnico o parlamentario.
La cuestión saharaui sigue funcionando dentro de España como un recordatorio permanente de una responsabilidad histórica y política que nunca terminó de resolverse completamente tras la salida española del territorio en 1975. Y precisamente por eso el asunto genera tensiones constantes cada vez que reaparece en el Congreso, en la política migratoria o en el debate diplomático con Marruecos.
En los últimos meses, además, la exclusión de los saharauis del proceso extraordinario de regularización migratoria impulsado por el Gobierno provocó nuevas críticas dentro de sectores de la izquierda y del movimiento solidario con el pueblo saharaui. La situación de miles de saharauis apátridas volvió entonces a ocupar el centro del debate político, alimentando nuevamente la sensación de que España mantiene todavía una relación profundamente contradictoria con la antigua colonia.
La cuestión resulta especialmente incómoda porque conecta dos dimensiones difíciles de separar: por un lado, la política exterior impulsada por el Gobierno español tras el respaldo al plan de autonomía marroquí; por otro, la realidad jurídica y humana de miles de saharauis cuya relación histórica con España sigue teniendo consecuencias directas en el presente.
Y precisamente ahí aparece el verdadero problema político para el Ejecutivo.
Porque el debate sobre la nacionalidad saharaui termina reabriendo inevitablemente una pregunta mucho más profunda: hasta qué punto España puede intentar normalizar su nueva relación diplomática con Marruecos mientras la cuestión saharaui continúa reapareciendo dentro de sus propias instituciones, tribunales y debates parlamentarios.