Pedro Sánchez habla de una «violación» y un «ataque» a la integridad territorial de España sin señalar al responsable. Veintidós dirigentes europeos describen la instrumentalización migratoria como una «amenaza híbrida» y cuestionan la cooperación con Marruecos. Lo ocurrido en Ceuta ha dejado de ser únicamente una crisis fronteriza española.

LA LECTURA DEL DÍA · 2 de agosto de 2026
Por EL OBSERVADOR SAHARAUI

La llamada «Marcha Verde» marítima de Ceuta ha cambiado de dimensión. Lo que comenzó con miles de personas atravesando desde Marruecos por tierra y por mar ha terminado obligando al Gobierno español a movilizar al Ejército y ha trasladado la crisis al corazón del debate europeo. Este domingo, la cuestión ya no es solamente cómo gestionar a quienes llegaron, sino cómo explicar que una frontera normalmente controlada con enorme rigor pudiera quedar abierta durante horas ante una concentración humana que llevaba días creciendo.

Pedro Sánchez dio ayer un paso importante al definir lo sucedido como una «violación» y un «ataque a la integridad territorial de España». Pero dejó sin responder la pregunta inevitable: ¿quién atacó? En OPINIÓN | Sánchez habla de «ataque a la integridad territorial de España». ¿Quién atacó? señalábamos esa contradicción. Resulta difícil hablar de un ataque contra el territorio español y, al mismo tiempo, evitar cualquier referencia a Marruecos, el Estado que controla la frontera desde la que se produjo la entrada.

La misma pregunta había sido formulada pocas horas antes por el diplomático saharaui Mohamed Zrug. En OPINIÓN | Mohamed Zrug: «Si España sufrió un ataque en Ceuta, ¿quién fue el responsable?», su reflexión obliga a mirar más allá del debate migratorio. Si el propio presidente español considera vulnerada la integridad territorial, atribuir todo lo sucedido exclusivamente a mafias y redes sociales resulta cada vez más insuficiente.

Europa también ha comenzado a cambiar el lenguaje. Una carta respaldada por dirigentes de 22 países sitúa la instrumentalización de la migración dentro de las amenazas híbridas y reclama revisar la eficacia de las políticas europeas de control fronterizo y cooperación con terceros países. En ANÁLISIS | Ceuta cambia de escala: Europa habla de «amenaza híbrida» y mira a Marruecos explicamos por qué este giro es especialmente significativo: durante años Bruselas ha financiado a Marruecos para proteger su frontera sur; ahora esa misma frontera demuestra hasta qué punto puede convertirse en instrumento de presión. La crisis ha abierto además una fuerte división europea sobre la política migratoria española y ha provocado una reunión urgente de ministros de Interior de la UE.

La pobreza y la falta de futuro en Marruecos pueden explicar que miles de jóvenes quieran marcharse; no explican por qué precisamente ahora pudieron concentrarse durante días junto a Ceuta, avanzar masivamente hacia una de las fronteras más vigiladas del Mediterráneo y encontrar un dispositivo marroquí que, en el momento decisivo, dejó de contenerlos. Tampoco explican la coincidencia con la recuperación de las relaciones entre España y Argelia, la tramitación de la nacionalidad para los saharauis y otros movimientos políticos que incomodan a Rabat. Lo ocurrido exige mirar más allá de la migración y hacia su utilización: una población vulnerable convertida en instrumento de presión contra España. Cuando veintidós dirigentes europeos empiezan a hablar de «amenaza híbrida» y el propio Pedro Sánchez reconoce un «ataque a la integridad territorial», seguir presentando Ceuta como el resultado espontáneo de la desesperación social significa ignorar precisamente la pregunta fundamental: por qué ocurrió ahora, de esta magnitud y con esa permisividad al otro lado de la frontera.

Y aquí vuelve inevitablemente el Sáhara Occidental. España modificó en 2022 su posición histórica respaldando el plan marroquí de autonomía con la promesa de inaugurar una relación de estabilidad, seguridad y respeto mutuo. Cuatro años después, Ceuta demuestra que la capacidad de presión de Rabat permanece intacta. Tesh Sidi y Taleb Alisalem lo dijeron abiertamente en los medios españoles: para ambos, lo sucedido responde a una decisión política y debe interpretarse dentro de una estrategia más amplia de Marruecos.

Mientras Ceuta ocupaba las portadas, la actualidad saharaui continuaba. EL OBSERVADOR informó de las nuevas restricciones contra el preso político saharaui Abdalahi Abbah, de la reivindicación de la UNMS para culminar la descolonización y de la presencia de la causa saharaui en el fútbol a través de Jordi Sidi. Son asuntos distintos, pero pertenecen al mismo escenario regional: un Sáhara Occidental que permanece ocupado mientras Marruecos acumula capacidad política para condicionar a España y a Europa.

La «Marcha Verde» de 1975 utilizó miles de civiles para imponer hechos consumados en el Sáhara Occidental. La comparación con Ceuta tiene límites evidentes y no debe tomarse literalmente. Pero la expresión «Marcha Verde marítima» resume una inquietud que cada día resulta más difícil descartar: que medio siglo después, Rabat siga sabiendo que colocar a España ante un hecho consumado puede ser una forma extraordinariamente eficaz de hacer política.