La cuestión no es retórica. En 1974, el último censo realizado por la administración española registró 73.497 habitantes saharauis en el territorio. Cincuenta años después, las cifras oficiales difundidas por Marruecos sitúan la población residente en la parte ocupada del Sáhara Occidental en torno a las 600.000 personas. Evidentemente, la explicación no puede reducirse a una sola causa, pero el informe de CEAR invita a analizar ese profundo cambio demográfico desde la perspectiva del derecho internacional y de los hechos históricos que lo acompañaron.

Mientras tanto, Marruecos desarrolló políticas destinadas a favorecer el asentamiento de ciudadanos marroquíes en el territorio ocupado. Incentivos económicos, inversiones públicas, oportunidades laborales y ventajas administrativas contribuyeron a atraer población hacia ciudades como El Aaiún o Dajla. El resultado es un cambio demográfico de enorme magnitud que el informe examina con especial atención.

La importancia del estudio radica en que no se limita a describir una evolución estadística. La analiza a la luz del derecho internacional humanitario. En particular, recuerda que el IV Convenio de Ginebra prohíbe tanto el traslado forzoso de la población protegida como el desplazamiento de población civil de la potencia ocupante hacia el territorio ocupado. Esa perspectiva jurídica sitúa el debate en un plano muy distinto al de la simple controversia política.

La cuestión resulta especialmente relevante porque el Sáhara Occidental continúa figurando para Naciones Unidas como un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Es decir, no se trata únicamente de discutir fronteras o soberanías, sino de preguntarse cómo afectan esos cambios demográficos al ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación reconocido al pueblo saharaui por múltiples resoluciones internacionales.

Durante años, buena parte de la atención pública se ha centrado en las negociaciones diplomáticas, en las posiciones de los distintos gobiernos o en las resoluciones de los tribunales internacionales. Sin embargo, el informe de CEAR recuerda que también existe una dimensión humana y demográfica que condiciona el presente y el futuro del conflicto. El desplazamiento forzado no solo altera la vida de quienes se ven obligados a abandonar sus hogares; también transforma el propio territorio del que fueron expulsados.

El caso saharaui plantea, además, una paradoja difícil de ignorar. Mientras miles de personas siguen viviendo desde hace medio siglo en campamentos de refugiados, lejos de su tierra, el territorio del que proceden ha experimentado una profunda transformación poblacional. Esa realidad obliga a reflexionar sobre las consecuencias que pueden tener las políticas de ocupación prolongada cuando se extienden durante décadas.

No se trata de negar la complejidad del conflicto ni de simplificar una situación marcada por numerosos factores geopolíticos. Pero sí de recordar que los cambios demográficos deliberados en territorios pendientes de descolonización generan interrogantes jurídicos y éticos que no pueden despacharse con facilidad. El propio estudio de CEAR invita a abordar esas preguntas desde el rigor documental y el respeto al derecho internacional.

Quizá el mayor mérito del informe sea precisamente ese: desplazar el foco desde las consignas hacia los hechos. Recordar que detrás de las cifras existen personas desplazadas, familias separadas y generaciones enteras que han crecido en el exilio. Y poner sobre la mesa una realidad incómoda: el intento de alterar la composición demográfica de un territorio pendiente de descolonización no elimina los derechos de su pueblo ni modifica el marco jurídico internacional que sigue amparándolo.

Lejos de cerrar el debate, el estudio de CEAR refuerza una idea esencial: el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación no desaparece porque hayan pasado cincuenta años ni porque la ocupación haya transformado la realidad sobre el terreno. Al contrario, recuerda que ninguna política de hechos consumados puede sustituir el cumplimiento del derecho internacional. Comprender esa realidad es imprescindible para entender por qué el Sáhara Occidental sigue siendo hoy, medio siglo después, una cuestión de descolonización pendiente y por qué una solución justa solo podrá construirse respetando la voluntad del pueblo saharaui.

Fuente: Noticias de Navarra